viernes, 24 de agosto de 2012

Acoso y derribo al vertedero de Fenoll

La historia del vertedero de Ángel Fenoll en Abanilla tiene mucho de pillería y quizá hasta de mafia. Como si de la película "Gomorra" de Roberto Saviano se tratase, en este asunto han circulado muchos billetes, muchos intereses políticos y sobre todo mucha mierda. En estos años, el asunto judicial del BRUGAL (BAsuras RUrales Gestión ALicante) ha salpicado a tantas personas y a tantos temas, que los más de 40.000 folios del sumario son prácticamente inabarcables. En esta historia hay desde sobornos, extorsiones e incluso tráfico de influencias en la concesión de algunos de los concursos públicos de gestión de recogida de basuras de un cuarto de millón de personas repartidas en la veintena de localidades de la vega baja de Alicante y varias más de la Comarca Oriental de Murcia desde las que se recibían en el vertedero. En el sumario se pueden encontrar desde nombres de banqueros de la CAM o Bancaja hasta la compra de partidos del Hércules, o cuestiones más propiamente basuriles como el pesaje fraudulento de los camiones de basuras para cobrar más, o el tratamiento de residuos peligrosos sin tener permiso para ello. En este tiempo se ha detenido varias veces además de al propio Fenoll, también a José Joaquín Ripoll, que fuera presidente del PP de Alicante y de la Diputación provincial y además de los anteriores, se ha imputado hasta a 29 personas más.


Antes de seguir más, aclarar que este artículo no pretende ser un gran documento con importantes revelaciones, sino más bien una recopilación de las noticias que han ido apareciendo en los últimos meses al respecto del vertedero de Ángel Fenoll en Abanilla, explicadas por temas e hilvanadas en el tiempo, para poder entender mejor tanto asunto y tanto tema desperdigado en tanto frente. En ese sentido, sí puede que constituya un referente para poder encontrar los enlaces a las noticias completas. Así que si algún "negro" pretende encontrar aquí alguna gran revelación para hacer una nota de prensa, lamento decirle que no va a encontrar mucho de novedoso, por lo que deberá de exprimirse mejor el cerebro.



Desde que la Asociación vecinal Asojoven de La Murada denunciara estos hechos en el juzgado de Cieza en agosto de 2010 hasta la notificación de la resolución de la Consejería de Presidencia a la mercantil PROAMBIENTE de la efectividad del cierre del vertedero y la suspensión de la actividad por un periodo de 30 años, conocida el día 1 de noviembre de 2011, (pero notificada días antes el 21 de octubre) tan sólo pasó un año, pero desde entonces han pasado muchas más cosas.



Este cierre provocó la imposibilidad (supuestamente) de poder gestionar dicha cantidad de vertidos que llegaban hasta ese momento a la planta, por lo que el 10% (entre 40 y 50 toneladas) que no podía ser asumida, tenía que ser derivada hacia otras plantas situadas en Cartagena (Medioil Levante) y Lorca. El gasto de los portes de estos residuos fue asumido por la propia empresa, con la confianza de que se le fuera a autorizar la apertura del vaso 3, el cual en principio había sido diseñado para 195.000 toneladas y sin embargo llegó a las 495.000. Evidentemente, con la situación alargándose en el tiempo, a los nueve meses, la empresa advirtió que podría empezar a repercutir ese precio extra a los Ayuntamientos, lo que redundaría en los recibos de los ciudadanos. La cuestión está en que los vertederos de la zona cobran el vertido a 60€ la tonelada, mientras que el vertedero de Fenoll los cobra entre 9€ y 27€ dependiendo de la distancia que tienen que recorrer los camiones, hecho que evidentemente provoca que reciclar los residuos en su totalidad, que es algo para lo que los Ayuntamientos pagan sus tasas, se convierta en una actividad nada rentable. Alargar este proceso en el tiempo, provocaría que todos tuvieran que pagar más por los portes extra.



ENTERRAMIENTOS ILEGALES DE BASURAS EN FINCAS DE AGRICULTORES

A pesar de que el permiso para funcionar se pidió en Abanilla en 1997 y "oficialmente" empezó a verter en 1999, en La Murada ya sabían que estaban depositándose residuos desde 1994. Años después, el 21 de marzo de 2006 un grupo de doce vecinos naturales de Fortuna y El Salado Alto denunciaron en la CHS y la Consejería de Medio Ambiente de Murcia que en una finca cercana a la zona, llamada Los Rafaeles, se habían enterrado en 2006 gran cantidad de desechos de hospitales, como pilas, vidrios, medicamentos, cuchillas de afeitar, jeringuillas, inyectables para diabéticos y plásticos, los cuales estaban empezando a emerger en esos días. Seis años después era plataforma Vertivega la que retomaba el testigo de estas denuncias.


A mediados de mayo de 2012, el Instituto de Medicina Legal de Valencia emitió un informe en el que se revelaba el enterramiento de 387.900 toneladas de residuos sólidos urbanos en las fincas de Los Corrales y Los Sigüenzas, propiedad de Francisco Poveda. Estos residuos no habían sido tratados previamente para crear compost, por lo que no eran fertilizantes. Después de realizarse el enterramiento a dos y tres metros de profundidad, la zona fue cubierta con tierra vegetal, y se plantaron decenas de árboles limoneros. La gravedad de los hechos ante la existencia de este vertedero incontrolado no era sólo los desechos en sí, sino que las fincas se encontraban en la cuenca hídrica de cabecera receptora de las aguas pluviales de la ladera sureste de la Sierra de Abanilla, las cuales confluyen en la Rambla Salada. Según este informe, la basura enterrada suponía un riesgo de gravedad para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas. Estos residuos eran de origen urbano y se vertieron sin adoptar ninguna medida preventiva para mitigar sus efectos en el entorno. La conclusión del informe es que se deberían de retirar los residuos enterrados en este vertedero. Sin embargo, y a pesar de todo este estropicio creado, Fenoll pidió a la justicia que se le archivara la causa de la operación Subterráneo por la que había sido detenido el 6 de julio de 2011. Ecologistas en Acción se opuso al archivo de la causa pues la relación estaba clara. Tan sólo unos meses después, en diciembre de 2011 los vecinos volvían a descubrir nuevas zonas donde se habían realizado vertidos ilegales en dichas fincas, según estos vecinos, podrían llegar a estar afectadas cerca de 500 tahúllas, unos 550.000 metros cuadrados, así que el concejal de urbanismo de Orihuela Manuel Culiáñez pidió al juez que el Ayuntamiento de Orihuela poder personarse en la investigación de estos enterramientos. Meses más tarde, en junio de 2012 Culiáñez, informaba que sería la Consellería quien se encargara de estos vertidos. Por otra parte, después de ir a ver la zona los políticos del PP, éstos informaron de que estudiarían también personarse en la causa en el juzgado de Cieza.


Noticias de La Sexta. Vertedero ilegal bajo limoneros


LOS LIXIVIADOS
Como resultado de los vertidos incontrolados en determinadas fincas de agricultores que luego eran cubiertas con plantaciones de limoneros, se empezaron a generar lo que se conoce como "lixiviados", que son el producto de la mezcla de las aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo, junto con compuestos procedentes de los procesos de degradación de las basuras que suelen contener materia orgánica, nitrógeno en forma de amonio, sales como cloruros y fosfatos, así como metales pesados, aunque en menor medida. Y así hasta 200 compuestos diferentes. Estos líquidos "lixiviados" de color negro y olor intenso, deben recogerse y ser tratados, pues si no es así, se produce la contaminación del suelo. Dentro de lo que fueron las investigaciones para las diligencias previas del proceso judicial en el juzgado 4 de Cieza contra la mercantil PROAMBIENTE, el SEPRONA procedió a analizar en mayo de 2011 unas 14 muestras de basura vertidas en la finca La Serratilla del paraje de El Agudo, y estos análisis determinaron que los lixiviados "generarán episodios de contaminación, tanto en el suelo donde se encuentran enterrados como en las posibles aguas subterráneas o superficiales que estén situadas en las proximidades".

Tan sólo unos meses después, la plataforma ciudadana Vertivega encargó un análisis de las aguas recogidas en charcas junto al vertedero de Proambiente y los resultados arrojaron índices de contaminación alarmantes. El problema de estos líquidos o lixiviados es que al estar en la parte alta de la montaña, van bajando por todo el manto acuífero a una velocidad de entre uno y tres metros al día y van contaminando las aguas subterráneas y los pozos de riego, por lo que al final afectaría a los frutos de los árboles. Según comentó en la prensa el miembro de Vertivega Artemio Cuenca, si nos ponemos en plan dramático, estos lixiviados podrían llegar al Trasvase Tajo-Segura o al Canal del Taibilla, de donde beben miles de personas de la Región de Murcia y Alicante, y esto no es nada descabellado.

ROBERTO SEBASTIÁN
El 10 de mayo de 2010, el ex empleado de la mercantil Roberto Sebastián, prestó declaración ante el fiscal Felipe Briones en el marco de la operación BRUGAL. Gracias a estas declaraciones, se pudieron localizar a finales de 2011 los enterramientos de basura ilegales que se habían realizado durante varios años pero que nunca se habían podido demostrar. Entre esos vertidos habían restos de animales de mataderos, basura sin reciclar, o ácido de galvanizados. Además, según afirmó, Ángel Fenoll estaba al tanto de cuándo iban a ser las fechas en que serían las inspecciones del SEPRONA y de la Inspección de Trabajo, por lo que tapaban antes los vertederos, y al final unos y otros acababan en el bar privado de Fenoll.

Tiempo más tarde, en diciembre de 2011, acudió al canal Tele Orihuela a denunciar públicamente estos hechos que él conocía de este asunto de los enterramientos ilegales, pues había sido él mismo como trabajador quien siguiendo órdenes de sus jefes, tenía que realizar movimientos de tierras de determinadas fincas, para posteriormente verter ahí miles de toneladas de basura.

En enero de 2012, el pedáneo de la Murada, José Mª Almarcha, aseguró que varios trabajadores de Proambiente recogían hasta 70.000 litros de lixiviados y los reinyectaban 200 metros más arriba. Según la empresa esto no es cierto, pues existe un depósito de paredes de hormigón con paredes de 35cm y capacidad para 1.000 m3 de este residuo (Nota: en 1 m3 caben 1.000 litros, es decir, esos 70.000 litros cabrían en tan sólo 70 m3).

En febrero de 2012 la coordinadora de La Murada con su alcalde pedáneo a la cabeza, afirma que en varios lugares de la zona están rezumando los lixiviados, los cuales se estarían filtrando sin control en el subsuelo. Es más, que también se habían producido varias explosiones por la concentración de metano con fuegos, los cuales se habían prolongado durante días. Según los relatos-denuncia de los trabajadores, estos sabían que los camiones se pesaban en las básculas pero que eran directamente derivados a descargar en las fincas cercanas de Abanilla o La Murada. Según los trabajadores, en la planta solían salir lixiviados en los vasos de vertido, por lo que se abrían pozos para captarlo, ahí se metían tubos de medio metro de diámetro y ocho de longitud y eran tapados. Cuando el colector se llenaba lo pasaban a cubas de 12.000 litros, siendo llenadas cada día unas 6 o 7, es decir unos 70.000 litros.

Saber hechos tan truculentos como que se llegaban a verter contenedores de hasta 30.000 litros de lixiviados en un hoyo de un metro de hondo y éste no se llenaba, da mucho que pensar de hasta dónde ha calado este elemento líquido tan y tan peligroso. Esto es veneno puro y lo peor no es eso, sino los efectos que provoca en los campos, en los cultivos, en los productos de las fincas anexas, pues si este líquido va avanzando por el subsuelo, cada vez más y más agricultores se verán afectados por este problema sin comerlo ni beberlo. ¿Dónde irán a parar los cultivos de esta gente?.

¿QUÉ PASA CON LAS PLANTACIONES QUE HAY SOBRE LOS VERTIDOS Y LIXIVIADOS?
Si los lixiviados son tóxicos y peligrosos, aunque sólo sea por precaución, los productos hortofrutícolas plantados en dichos terrenos, al menos deberían de ponerse en cuarentena, por si acaso.

AUTO JUDICIAL EN CIEZA
En el mes de noviembre de 2011, la propia Fiscalía del TSJ de Murcia, envió un informe al Juzgado de Cieza en el que se solicitaba el cierre del vertedero como media cautelar y temporal, para así poder practicar nuevas pruebas.

En paralelo con el proceso de cierre administrativo de la CARM, el juzgado número 4 de Cieza investigó también el depósito de residuos sólidos urbanos en diversas fincas cercanas a la zona del vertedero. La denuncia había sido realizada por "Ecologistas en Acción", y pese a tener también información similar por parte del Ministerio fiscal, no fue hasta que  la Guardia Civil hizo el descubrimiento de una zanja en la madrugada del 28 al 29 de junio, la cual tenía 15 metros de largo por 4 de profundidad y 5 de ancho (300 m3), en una zona de la Sierra de Abanilla que estaba protegida como LIC, y en la cual descubrieron a 25 camiones descargando cerca de 400 toneladas de residuos sin tratar, tal cual los habían depositado los ciudadanos en las bolsas. Estos hechos motivaron que el fiscal Díaz Manzanera exigiera de nuevo la clausura judicial del vertedero por el cúmulo de sanciones. A raíz del mismo, la juez ordenó el cierre cautelar de dos vasos de vertido de la planta de Proambiente. En esta orden además se ponía al pie de los caballos los informes de los funcionarios avalados por el Consejero Campos en los cuales se afirmaba que en todo este tiempo se había cumplido la orden de clausura. Al mismo tiempo, la Consejería de Presidencia abrió un expediente sancionador por realizar estos vertidos de residuos en el vaso inicial que ya estaba clausurado. Paradójicamente, estas actuaciones judiciales le sirvieron a Fenoll para evitar tener que pagar las multas impuestas por la Administración.

PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO POR LA CARM
Tras las denuncias de Ecologistas en Acción, la Administración procede a requerir un informe técnico del Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental que es entregado con fecha 21 de enero de 2011, en el cual ya se le indica al gobierno murciano que se debería de cesar la actividad por la cantidad de irregularidades que se han detectado en la finca donde está la planta, como realizar vertidos en zonas que exceden en extensión el permiso autorizado o en otras que no tenían autorización. Este informe indicaba que habría que realizar más pruebas con sondeos y extracción de muestras, así como ensayos de tomografía eléctrica para comprobar la extensión de los residuos enterrados. Dichas pruebas se plasmaron posteriormente en un segundo informe de dicho Servicio técnico, con fecha de 7 de julio de 2011, que fue enviado al Juzgado número 4 de Cieza. En este informe se confirmaba que con una simple licencia de obra menor del Ayuntamiento de Abanilla, la empresa había procedido a extraer zahorra y arcilla para hacer el vaso número 5, así como nuevas elevaciones de terreno sobre vasos ya clausurados. En un tercer informe de fecha 9 de septiembre, se indica que aparte de las zonas de la Región de Murcia donde se habían vertido residuos, también había otras áreas del territorio valenciano donde se habían tirado basuras, aunque serían las autoridades de dicha CCAA las que tendrían que verificar este extremo.

Tras estos informes, la entonces directora general de Medio Ambiente, Teresa Navarro, procedió a ratificarlos realizando una resolución de fecha 28 de septiembre de 2011 por la que procedía a la "suspensión de la actividad, sellado y restauración ambiental del vertedero". Posteriormente desde la Consejería de Presidencia se cerró el 6 de octubre de 2011 el expediente 193/11 y en el mismo se "ordenó" a Proambiente el cierre y sellado así como la suspensión de la actividad del vertedero durante 30 años, siendo esto notificado a la mercantil, al Ayuntamiento y a Ecologistas en Acción. No obstante, dejó una puerta abierta en la que se insinuaba que el futuro de la empresa podría estar ligado al reciclaje, rebajando el volumen actual de tratamiento de basura desviando los residuos a otros vertederos, o bien autorizar una ampliación de los vasos 3 y 5. Sin embargo el empresario consideró esta resolución como "un error" por lo que desoyó esta orden de cierre, y en su recurso de alzada de fecha 21 de noviembre en el que alertaba de que el cierre conllevaría el despido de 200 trabajadores, incluso anunció estudiar reclamaciones patrimoniales y penales contra los técnicos que realizaron el informe. Además añadieron que las instalaciones seguían funcionando con total normalidad. Que tendrían que cerrar el vaso 3, que es el único que tenía licencia, pero que podrían seguir reciclando el 80% de los vertidos que reciben y transportar el resto a otros vertederos. Pero que si tuvieran que cerrarlo todo, las consecuencias serían peores, pues los municipios tendrían que pagar el sobrecoste del transporte hasta otros vertederos. Este hecho consiguió poner de acuerdo a la oposición política de Abanilla para pedir explicaciones al alcalde Fernando Molina. Por otra parte, también se movilizaron las asociaciones vecinales de La Murada, pidiendo que se agilizara la investigación de vertidos en fincas de utilidad agrícola. En febrero de 2012 el consejero Manuel Campos rechazó el recurso de la empresa pues no encontraba nada que desmintiera el informe técnico sobre los graves incumplimientos de la normativa ambiental. Según informó, la empresa se había basado en que "los vasos 3 y 5 se encontraban en proceso de autorización y tanto la evaluación ambiental como la autorización ambiental integrada deben ser previas al inicio de explotación de actividades sujetas a estos controles ambientales".


La respuesta de Ecologistas en Acción fue calificar esto como una "arrancada de caballo y parada de burro", pues no tenía sentido hacer esto teniendo en cuenta la orden de cierre y sellado del vertedero que la propia Directora Teresa Navarro había realizado, dado que se había constatado el desproporcionado enterramiento de basuras sin tratar en los distintos vasos, así como que se habían utilizado terrenos para enterrar para los cuales no se tenía autorización, como en el vaso 3 donde había permiso para 17.603 m2 y sin embargo había ocupados 39.000 m2. Según el consejero de Presidencia, tres de los cinco vasos están sellados y en proceso de restauración (1, 2 y 4), el vaso 5 está en trámite de legalización, y el vaso 3 es el único que funciona ahora mismo y dispone de la autorización ambiental integrada desde 2009.

LA DIMISIÓN DE TERESA NAVARRO


Desde que en julio de 2011 tomara posesión del cargo, pasaron siete meses hasta que María Teresa Navarro dimitió en febrero de 2012 de su puesto de Directora General, y se volvió a su anterior trabajo de profesora de Derecho Administrativo en la Universidad. Según el consejero Manuel Campos su salida había sido una decisión personal y no había sido motivada por el asunto del vertedero, pues no había habido discrepancias.


Según este otro artículo de Miguel Ángel Ruiz, la salida igual sí había estado motivada por el "miura" del vertedero de Abanilla, en cualquier caso, la profesora no estaba muy de acuerdo con la información que se había dado sobre su salida, pero ella prefirió dejar las cosas como estaban. Según el artículo de Manuel Buitrago, Teresa Navarro advirtió a Campos de que dimitiría del cargo después de que éste se hubiera reunido entre otros con el alcalde de Abanilla Fernando Molina, el Director General de Administración Local, José Antonio Blasco, y un representante de la empresa de Fenoll, que querían que se levantara la suspensión del vertedero por el perjuicio económico y laboral que ocasionaba al municipio, lo cual conllevaba que el consejero le enmendara la plana a Teresa Navarro. Según Buitrago, el consejero le echó la bronca porque los políticos de Abanilla le convencieron, y ella le dijo que iba a dimitir por motivos profesionales.

DEBATE EN LA ASAMBLEA REGIONAL
El 15 de febrero de 2012 compareció el consejero de Presidencia Manuel Campos, para responder sus inquietudes al PSRM y a IU sobre el cierre del expediente 193/11. Además de estos, también estaban presentes en el hemiciclo dos concejalas del PSOE de Abanilla y el alcalde de Orihuela, el cual no quedó muy satisfecho con las explicaciones de Campos, y de hecho exigió al Consell que actuara pues temía que la CARM iba a autorizar el vaso 3.  Al resto de ciudadanos que acudieron a escuchar no se les permitió la entrada. En sus declaraciones, Campos admitió que quedaba acreditado que Proambiente había depositado 13.500 toneladas de residuos sin "tratamiento previo" sobre los vasos 1 y 2 (que estaban sellados) pero aseguró que la CARM había iniciado las actuaciones necesarias para impulsar la restauración ambiental de la Sierra de Abanilla con el fin de recuperar y restaurar su entorno natural. Que tras la resolución de cese de la actividad de la Dirección General de Medio Ambiente, él mismo había enviado esto en una Orden con fecha 16 de diciembre de 2011 instando a que la empresa realizara un proyecto de sellado y restauración ambiental de la zona. Según el consejero Campos, la empresa ya había presentado un estudio preliminar que sería la base de dicho proyecto. Campos declaró que Proambiente estaba cumpliendo escrupulosamente el cese de la actividad y que ya no estaba vertiendo residuos sólidos ni en el vaso 3 ni en el 5 que se está tramitando su autorización. Además añadió que la empresa "restaurará, compensará e indemnizará" por los vertidos ilegales de 117.900 toneladas de residuos con el fin de recuperar y restaurar el entorno natural. Sobre el tema del recurso que había presentando la empresa contra el cierre, dijo que se tendrían en cuenta los 260 empleos que generaban. Por otra parte, según un informe del fiscal, el vaso 3 pese a la evidente ampliación que se había hecho, no estaba dentro del LIC, por lo que penalmente no sería relevante.

Por parte del PSOE, el encargado de dar la réplica fue el diputado socialista Francisco Abellán responsable de medio ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, el cual tachó la gestión del vertedero como un ejemplo de desastre ecológico, ilegalidades y corrupción. También aseguró que el vertedero estaba recibiendo residuos a pesar de la orden de cese de actividad, y que estaba utilizando la puerta de atrás de Orihuela para seguir vertiendo".

Decir aquí en este punto, que unos días antes, Francisco Abellán difundió (o al menos fue él quien hizo la rueda de prensa) una nota de prensa en la que denunciaba las numerosas irregularidades del vertedero. En mi opinión, varios de los datos que se dan en esta nota de prensa, como por ejemplo el cálculo orientativo de los beneficios teniendo en cuenta los precios que cobraba y las toneladas recibidas, fueron "presuntamente" copiados del artículo que yo mismo había realizado el año anterior, pues hasta ese momento nadie los había hecho. Y si fue así, personalmente me parece muy bien que se tomara dicho artículo para entender las cosas y tomar datos, pero también me habría gustado que me pusieran un comentario debajo diciendo que "muchas gracias por el trabajo" o incluso me lo hubieran enviado en un correo privado. Pero nada de esto ocurrió.

Le respondió a Abellán el diputado popular Víctor M. Martínez, quien solicitó al gobierno autonómico "determinación y contundencia" para solucionar el problema del vertedero de Abanilla. Así, confió en que se resolvieran cuanto antes los trámites administrativos (cese de actividad y ampliación del vaso 3 si era viable), así como que se mantuvieran los puestos de trabajo rescatando las "zonas legales" del vertedero.

El colectivo de Ecologistas en Acción mostró sus dudas por el cierre efectivo del vertedero, dado que seguía habiendo actividad en el mismo, pero la propia Dirección General de Medio Ambiente les respondió que dicha resolución no contenía errores, ni contradicciones ni creaba confusión en relación a la ejecutividad de las medidas adoptadas. En este sentido, se indicó que los técnicos de inspección "estaban alertas para si había constancia de actividad en la empresa, tomar medidas".

Un mes después, el 27 de marzo de 2012, realizó ocho preguntas en la sesión de la Asamblea Regional, referentes al uso irregular de la red Natura 2000 que Proambiente realiza en Abanilla. Unos meses más tarde, a finales de junio de 2012 realizó una rueda de prensa en la que se preguntaba sobre la frase del consejero Campos sobre el "presunto compadreo del Ayuntamiento de Abanilla y PROAMBIENTE" e hizo que se cuestionara sobre qué clase de compadreos se estaba hablando, así como que desde el Gobierno regional se estaba protegiendo el interés económico de esta empresa. Así, la responsable de Medio ambiente del PP, Ascensión Carreño, le respondió que consideraba temerario que el PSRM opinara sobre la reapertura del vertedero, dado que no conocían la declaración de impacto ambiental.

AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO
Debido a la medida de suspensión de la actividad de la Dirección Gral. de Medio Ambiente de fecha 28 de septiembre de 2011, y dadas las dificultades para poder realizar los vertidos, la empresa realiza un proyecto para que se aprueben en el Pleno una serie de correcciones cartográficas y de clasificación del suelo que a su vez le habían sido requeridas por la Dirección General de Medio Ambiente en el expediente 154/09, con el objetivo de poder así ampliar el vaso 3 también conocido como "Abanilla-Crevillente". La empresa aprovecha el contenido de la orden de 21 de diciembre de 2007 de la misma Dirección General de Medio Ambiente, la cual exigía ya de antes la modificación del espacio Red Natura 2000 LIC de la Sierra de Abanilla. Esta solicitud de modificación de la medida de suspensión fue recibida en dicha Dirección Gral. el 21 de noviembre de 2011. Esta modificación cartográfica que promovía la mercantil, realmente lo que pretendía de forma subyacente era realizar oficialmente una modificación del LIC de la Sierra de Abanilla del cual reconocían que habían tomado 347.366 metros cuadrados pertenecientes a la Red Natura 2000, para así poder realizar vertidos en dicho vaso 3. Modificación que presuntamente ya habían hecho realmente antes, pues según el segundo Informe del Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental de fecha 7 de julio de 2011, así como también en la propia documentación de la empresa, ésta ampliación del vaso 3 ya se había hecho. Es decir, querían legalizar lo ya realizado ilegalmente.
Pero es que en el Pleno extraordinario donde esto se aprobó posteriormente el 11 de abril de 2012, (descargar borrador del acta) además de llevarse este punto de esta modificación cartográfica, que es algo que había que hacer sí o sí, el PP aprovechó para mezclarlo todo en una misma votación y también llevaron dos asuntos más, que fueron el emitir una nueva cédula urbanística para el vaso 3, ya que la anterior la habían emitido el 15 de noviembre de 2011 sin pasar por Pleno, diciendo que dicho vaso estaba dentro de los usos previstos del PGMO, cuando a la vista está que no era así. Y un tercer asunto, incorporar estas modificaciones, así como el resto de deficiencias al PGMO.

El grupo popular ya se ha dicho que votó a favor con sus 6 de sus 7 concejales a favor de todo esto y de que siguiera funcionando el vertedero, y el grupo socialista votó con 4 de sus 5 en contra, porque estaban en contra de que se siguiera ampliando, ya que lo que querían es su cierre total y "que se lleven la mierda a otro sitio", y esto según la portavoz Mª José Atienza, "no era más que otra chapuza para seguir dándole manga ancha a este problema". La opinión de IUMA fue que votar en contra, como había hecho el PSOE, era estar también en contra de la corrección cartográfica, es decir, el mantenimiento del deterioro que se estaba haciendo ya de la Sierra de Abanilla, y votar a favor era seguir dejando al empresario hacer lo que quisiera, por lo que se optó por el término medio de abstenerse. Dicha abstención, pese a no tener importancia numérica, tuvo más repercusión entre algunos ciudadanos de lo que se habría imaginado en un primer momento, pues no se entendió que su concejal Mª Dolores Saurín se abstuviera en un asunto tan importante como era este en el que el PP daba vía libre a Fenoll para seguir vertiendo más basura. El sentido de este voto fue posteriormente explicado en la segunda parte de la nota de prensa en la que fue absuelta del asunto Brugal, en una posterior nota de prensa, así como también en el Pleno del 16 de julio de 2012. Increíblemente, en vez de indignarse con el PP, que era quien había aprobado esto, la indignación fue con Mª Dolores, por abstenerse y no estar en contra. Posiblemente porque ya se sabe que del PP no se podía esperar otra cosa, e igual sí se esperaba de Mª Dolores. En este sentido, días después de este Pleno, la fachada de la casa del alcalde amaneció llena de huevos y de restos de heces.

La decisión mayoritaria del PP de Abanilla en el Pleno fue ratificada posteriormente por la Consejería de Presidencia de la CARM, lo cual en principio entraba en contradicción con una orden anterior que indicaba la paralización de la planta, aunque según Campos estas dos resoluciones eran compatibles y además no había "ninguna razón técnica o legal para no aprobar dicha ampliación." Además señaló que la Comunidad hacer revisiones "periódicas y permanentes" del vertedero para "evitar vertidos". Mientras que este anuncio de ampliación del vaso 3 provocó el anuncio de protestas por parte de la plataforma Vertivega como manifestaciones en el vertedero, la calificación de "escándalo" por parte de IU, y el diputado del PSOE Francisco Abellán dijo que "estas acciones ponían de manifiesto el compadreo entre Proambiente y el Gobierno regional durante los últimos 12 años", pues "el gobierno se lo había consentido a Proambiente todo lo que había querido provocando así el mayor desastre ecológico del Arco mediterráneo. Por estas razones Abellán pidió la comparecencia del consejero Campos en la Asamblea para que explicara las razones de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del vaso 3.

Sin embargo no fue así por parte del PP de Abanilla, que en palabras de su portavoz Pascual Martínez, "se alegraba porque en la línea de reciclaje, recogida, compost y de limpieza hay mucha gente trabajando". Cientos de familias de Abanilla. Los dos partidos de la oposición en Abanilla, tanto PSOE como IUMA, manifestaron que presentarían alegaciones a dicho proyecto de ampliación. Según José Antonio Cutillas, porque "el vertedero es un problema de salud pública y la ampliación es un disparate, porque ya existe la posibilidad de que los lixiviados hayan contaminado las aguas subterráneas de Abanilla". Por su parte, Mª Dolores Saurín manifestó "su respeto a las leyes, al proceso judicial abierto en Cieza contra el vertedero y la resolución del cierre de Presidencia, así como a los puestos de trabajo y al medio ambiente", pero que aún así alegaría también.

A principios de julio, el secretario de ordenación del territorio del PSRM, Marcos Ros, exigió que se paralizara la la autorización de funcionamiento del vertedero mientras que no se resolviera el procedimiento judicial contra la empresa.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE CON AMADOR LÓPEZ
En junio de 2012 la Dirección General de Medio Ambiente dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el vaso 3, la cual permitía poder seguir recibiendo residuos durante unos 7 años y 76 días más, pero aún le faltaba la Autorización Ambiental Integrada (AAI), sin la cual no podía volver a realizar ningún tipo de vertido. La condición para que las instalaciones de la planta de vertido de PROAMBIENTE pudiera abrir sus puertas de nuevo, era que obtuviera la AAI, pero según la Consejería, a mediados de julio aún no había presentado toda la documentación requerida, con lo que las cosas se le ponían más difíciles.

Sin embargo las actuaciones del SEPRONA a finales de junio de 2012 al descubrir el vertido de 400 toneladas de basuras también tuvieron su efecto administrativo, pues motivaron la revisión de oficio de la declaración de impacto ambiental favorable a la ampliación de las instalaciones, así como la apertura de un expediente sancionador por realizar vertidos en el vaso inicial que ya estaba clausurado.Y es más, si estos vertidos fueran catalogados como infracción grave, la sanción iría de los 10.001 € a los 100.000 €, y si fuera muy grave, de los 100.001 € al 1.000.000 €. Dependiendo de la gravedad podrían suponer la revocación de la DIA.

En junio de 2012 la mercantil realizó una propuesta de evaluación de riesgos para la instalación que está protegida por el LIC de la Sierra de Abanilla, así como el Plan de restauración de los espacios afectados por el vertedero. Teniendo en cuenta la orden de clausura así como la prohibición judicial de realizar vertidos en dichas instalaciones, el Consejero Manuel Campos se aventuró a decir que las posibilidades de que se reabrira el vertedero, eran mínimas. En este sentido, presuntamente el Consejero dijo que "se iban a acabar los compadreos entre el Ayuntamiento de Abanilla y PROAMBIENTE". Dos meses después, el 1 de agosto el nuevo Director General de Medio Ambiente, Amador López dio a conocer el resultado negativo de sendos informes técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente, que negaban la posibilidad a PROAMBIENTE de volver abrir, por lo que mientras no subsane las deficiencias debe permanecer clausurada en casi su totalidad. Es más, la actividad fuera de la ley de la empresa había causado daños al medio ambiente, lo cual le costaría 1.869.000 € en inversiones, cantidad que la empresa pretendía realizar en diez años, pero que les dijeron que más bien fuera en la mitad.

Previamente a reunirse con miembros de IUMA, en agosto de 2012 el Consejero de Presidencia Manuel Campos, confirmó que no se vertían residuos desde septiembre en dicho vertedero. La noticia no lo aclaraba pero se suponía que se refería a septiembre de 2011, y teniendo en cuenta todo este asunto, creerse eso es algo para lo cual se requiere hacer un acto de fe.

LO QUE DICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ABANILLA
En el PP, el partido en el poder desde 1987, tienen claro que para bien o para mal, Fenoll es alguien que fue muy bueno, que creó empleo y aportó mucha riqueza al pueblo, y que ahora no saben cómo esconder debajo de las alfombras. Y es que a pesar de todas las evidencias, el alcalde de Abanilla siempre lo ha protegido a capa y espada pues sus relaciones según el sumario del caso BRUGAL siempre fueron más que cordiales, y de hecho Fenoll presumía de tener el poder sobre el Ayuntamiento y Fernando. Así que cuando se empezó a mover este asunto mediáticamente, en agosto de 2010 Fernando Molina decía que la planta tenía todos los permisos, y que no empezó a verter hasta que tuvo la licencia (luego se demostró que eso era mentira), posteriormente la postura del PP ha ido desde la defensa y protección del empresario y su actividad, porque creaba muchos puestos de trabajo que había que mantener, hasta asumir que se haría lo que dictara la justicia.

Una vez conocida la orden de cierre de la Dirección General de Medio Ambiente, el alcalde Fernando Molina mostró su preocupación por las 250 personas -la mayoría de Abanilla- que estaban trabajando allí y que se podrían ir a la calle si se cerrara el vertedero.

Desde el PSOE, una vez pasados los años 2003-2005 en que se intentó mantener apartado al empresario de la actividad política local así como reconvertir sosteniblemente la empresa para que funcionara sin contaminar tanto, oportunidades que había rechazado una detrás de tra, y que luego encima dieron lugar al rocambolesco asunto de la financiación ilegal del partido, con los años y el cambio de caras en la agrupación, también cambian las posturas frente al mismo. Así, se pidió la creación de una comisión informativa en el pleno del 21 de noviembre de 2011, según su entonces portavoz José Antonio Cutillas, para así "articular una respuesta única de los tres partidos políticos de Abanilla frente a la actividad irregular y delictiva de Proambiente". La respuesta del PP que ostenta la mayoría fue un no rotundo "porque no hay motivos". Sin embargo Fernando Molina sí reconoció haber realizado diversos viajes para reunirse con el consejero Campos, para intentar minimizar las consecuencias de un posible cierre, que repercutiría en la pérdida de unos 200 puestos de trabajo directos e indirectos.

En el pleno del 21 de mayo de 2012, el grupo socialista llevó una Moción para pedir que la Consejería de Sanidad realizara un estudio medio ambiental que analice el estado del suelo, aguas subterráneas, gases y olores en el municipio que pudieran estar contaminados por la cercanía del vertedero de Proambiente. El segundo punto de dicha Moción fue retirado, porque solicitaba enviar los resultados de este estudio ante la Unión Europea, y según la portavoz, fue retirado porque no tenía sentido. No obstante y dado que tan sólo unos días después fue la visita del eurodiputado Andrés Perelló, la repercusión mediática en ese sentido estaba asegurada.

Por parte de IUMA, en el Pleno del 16 de julio, Mª Dolores Saurín propuso la convocatoria de una consulta popular (referéndum) para conocer la opinión de los ciudadanos sobre si el Ayuntamiento debe apoyar la continuidad de la Proambiente o su clausura total y definitiva. Desde las filas del PSOE, la portavoz Mª José Atienza le respondió que ellos no iban a apoyar dicho referéndum de preguntar al pueblo, porque no les hacía falta, ya ellos sabían perfectamente lo que ellos querían, que era el cierre definitivo del vertedero porque lo primero es la salud. En otras palabras, que si como mantenían, lo que allí ocurría era totalmente ilícito, no se podía realizar un referéndum sobre un delito.

El miércoles 8 de agosto de 2012 la portavoz de IUMA, Mª Dolores Saurín acudió junto con dos colaboradores a una entrevista con el Consejero de Presidencia Manuel Campos, el cual le informó que según se derivaba de los informes preliminares de los líquidos de los lixiviados, éstos no eran tóxicos, aunque aclaró que este era un avance provisional y habría que esperar a los resultados definitivos. No obstante no eludió el hecho de que a pesar de todo, eran lixiviados que si se produjeron contrariando la orden administrativa, tendría su sanción correspondiente por parte de la CARM y la Justicia si se consideraba que había habido delito medio ambiental.

La portavoz de IUMA aprovechó la entrevista de hora y media, para trasladarle su preocupación y exigencia de la protección del LIC de la Sierra de Abanilla, la devolución a la misma del terreno que se le había usurpado, su rehabilitación, restauración y revegetación; que el Ayuntamiento elaborase una relación de vertederos ilegales o incontrolados que hay por todo el municipio. Ante las muchas suspicacias sobre la postura de IUMA al respecto de defender que se mantenga abierto, aclaró que en ningún momento defendió a los gestores de la empresa PROAMBIENTE, cuya gestión roza las tácticas mafiosas, pero que en estos tiempos de recesión económica y desempleo, es necesaria dicha actividad. El problema es que esta actividad es incompatible con la gestión que se ha venido haciendo estos años, de ahí la exigencia para que se cumpla la ley medioambiental y de protección del medio natural, la defensa de la salud de las personas y la lucha contra el delito ecológico. Todas estas cuestiones estaban recogidas en el PLAN DE MEDIDAS, que fue presentado como Moción en el Pleno del 16 de julio, y que fue votado en contra tanto por el PP como por el PSOE. Por último IUMA exigió al Consejero que se limpiasen todas las zonas contaminadas donde el SEPRONA había demostrado que habían cientos de toneladas de basura. El Consejero Campos respondió que se había pedido la responsabilidad civil pero que este asunto estaba en el juzgado.

Por su parte Izquierda Unida (IU) anunció que llevaría al Congreso de los Diputados este asunto de la inspección del vertedero, a través de su diputado nacional Ricardo Sixto.

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
Si bien ya en 2010 desde el PSOE de Orihuela, su portavoz municipal Antonia Moreno pedía el cierre del vertedero por los olores que generaba en la cercana pedanía de La Murada, es a partir de las elecciones municipales de 2011 cuando se desaloja al PP Mónica Lorente de la alcaldía y toma el poder el equipo del tripartito (Los Verdes-PSPV-Centro Liberal Renovador CLARO) cuando se toman realmente medidas contra el vertedero. Actuaciones que se ponen en peligro tras la fuga de CLARO del edil Bob Houliston y la salida en junio de 2012 de los seis miembros del PSPV.

Si durante la etapa del PP todo habían sido connivencias, ahora se le da la vuelta a la tortilla, por lo que surgen los enfrentamientos. Así, Fenoll reclama al Ayuntamiento 16 millones de euros en facturas impagadas, por lo que desde la alcaldía comienzan a tomarse una serie de acciones para investigar cuánto hay realmente de real detrás de estos pagos, dado que se llegó a estar dos años sin pagar una deuda de 2,5 millones de euros por el canon de reciclado a la UTE, en febrero de 2012, como medida de presión Fenoll incluso les cerró la entrada del vertedero a los camiones de esta UTE de Orihuela por lo que no pudieron seguir recogiendo más días. Según el hermano de Fenoll, la respuesta del Ayuntamiento fue la prohibición por parte de hasta 40 policías del acceso al vertedero de los camiones provenientes de Torrevieja, Albatera, Abanilla y Fortuna. En este tiempo de tripartito, desde el Ayuntamiento de Orihuela el concejal de Medio Ambiente Manuel Culiáñez mostró su satisfacción por el cierre administrativo realizado por la Consejería de Presidencia en octubre de 2011, y posteriormente también se mostró a favor del cierre cautelar dictado por el juzgado de Cieza. Además, dicho concejal pidió en el mes de julio de 2012 que la propia Consellería impidiera la ampliación del vaso 3 que había sido autorizado por la Comunidad Autónoma de Murcia, puesto que la mayoría del espacio del mismo estaba en territorio de Orihuela.

En julio de 2012 una comitiva encabezada por el alcalde Monserrate Guillén se desplazó hasta Valencia para reunirse con el Director General de Medio Ambiente, Vicente Tejedo, e informarle de las gestiones que habían realizado respecto al problema del vertedero, así como instarles a personarse también en la causa que investiga el juzgado número 3 de primera instancia de Orihuela. Tejedo sabía de lo que le estaban hablando ya que él mismo había visitado algunas zonas de enterramientos unas semanas antes a final de junio, tras las quejas de Vertivega. En dicha ocasión Tejedo realizó la visita a la zona junto con miembros del PP como la eurodiputada oriolana Eva Ortiz o el diputado alicantino Andrés Ballester, los cuales pudieron oler el ambiente que se respira en la zona, así como llevarse una botella con lixiviados de recuerdo. Tras dicha visita, informaron que estudiarían personarse en la causa judicial. Posteriormente se reunieron con el Consejero de Presidencia y Medio Ambiente de Murcia, Manuel Campos, el cual le confirmó que resolvería la situación de la posible suspensión de la actividad en la planta antes del 1 de agosto, pues actualmente el empresario ya sólo contaba con el apoyo del alcalde de Abanilla Fernando Molina. De todas estas actuaciones dio cuenta posteriormente en el Ayuntamiento.

En junio de 2012, IU-Verdes en colaboración con Esquerra Unida del País Valencià, presentó una iniciativa en la Comisión de Interior del Congreso a través de su diputado Ricardo Sixto, para esclarecer cómo se van a llevar a cabo las labores de inspección del vertedero. Un mes más tarde, en julio de 2012 los diputados de Compromís Mireia Mollá y Joan Baldoví visitaron el Ayuntamiento de Orihuela para informar al alcalde Monserrate Guillén de las preguntas que iban a realizar tanto en las Cortes Valencianas como en las Generales, respectivamente.Estas preguntas irían relacionadas con la comercialización de los cítricos y las medidas que se pensaban tomar, así como con la posible contaminación de los acuíferos de los que bebe mucha gente.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Orihuela (Los Verdes-PSOE) mantenía que el vaso número 5 así como siete de las instalaciones que no tienen licencia de actividad sí está en territorio de Orihuela, por lo que a mediados de julio de 2012 el concejal de urbanismo Antonio Zapata se dirigió al Ayuntamiento de Abanilla para consultar cuáles de esas instalaciones tenían licencia concedida allí, si es que la tenían, y si así era, que desistieran de sus competencias, pues estaban ubicadas en territorio de Orihuela, y dado que tras numerosas ocasiones tan sólo recibió una cartulina con la licencia de apertura, es por lo que decidió abrir un expediente sancionador a la empresa, y es que al aclararse por fin al cabo de los años qué zonas estaban en Murcia y cuáles en Alicante, las que estaban en el territorio alicantino debían tener permiso de Orihuela, cosa que no se había hecho, por lo que Antonio Zapata procedió a reclamar dichas licencias y en caso de no existir, proceder al cierre. Así que mientras tanto no se resolvía el asunto se decidió colocar a varios agentes en la puerta principal para mantenerlas cerrada. Así, el concejal Antonio Zapata dio los primeros pasos para tratar de clausurar aunque fuera provisionalmente la actividad en los vasos de vertido. El resultado de las mismas serán sanciones de entre 50.001 € y 300.000 € por cada una de las siete instalaciones ilegales. Según los posteriores cálculos, la cifra total de estas multas que pondría este Ayuntamiento, sería de unos 2,1 M€. En este sentido, y para arreglar la situación, desde el Ayuntamiento se manifestó que se veía con buenos ojos el movimiento de los otros cuatro hermanos de Ángel Fenoll en relación con el propósito de cambiar de actitud y respetar la ley vigente, así como de querer quitar a Ángel de la dirección de la empresa. Unas semanas después de comunicada la apertura de expedientes y solicitadas las licencias, desde Proambiente admitieron de facto que no tenían dichas licencias puesto que se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para proceder a la legalización de las mismas. Aún así enviaron alegaciones a los siete expedientes sancionadores.

Esta plataforma ciudadana nació motivada por el descontento de ciudadanos de la pedanía oriolana de La Murada y desde su inicio asumió el reto de denunciar públicamente los supuestos enterramientos ilegales de basuras en fincas agrícolas.

Entre sus mayores actos sociales se pueden citar la convocatoria de una concentración en La Murada el 31 de marzo en la plaza de la iglesia, a la cual acudieron unas 600 personas, en la que se pedía el cierre de las instalaciones de la planta, y se anunció una gran movilización para manifestarse el día 21 de abril en Murcia. Previamente a esa, se realizó otra concentración el 8 de abril frente a las puertas del vertedero. Unos días después, el 11 de marzo un centenar de vecinos principalmente de La Murada, se concentraron frente al Ayuntamiento de Abanilla, donde se realizaba un Pleno Extraordinario, en el cual el PP dio vía libre al proyecto de ampliación del vertedero. Al término del mismo se increpó y se abucheó al alcalde del municipio, lo cual debió afectarle bastante, pues anunció por enésima vez que no se presentaría a las próximas elecciones.
 

El salto se consigue cuando cientos de personas vecinas de Abanilla y La Murada realizaron la manifestación del 21 de abril por las calles de Murcia para manifestar su rechazo a la polémica decisión de ampliación del vaso 3 del vertedero. Así se consiguió dar algo más de importancia a la problemática local de la zona. (ver galería de fotos de la opinión)

La plataforma ciudadana Vertivega, consiguió que el eurodiputado socialista Andrés Perelló visitara el 24 de mayo la zona de los terrenos cercanos al vertedero junto con una comitiva de diputados y demás concejales de Orihuela, terrenos donde se habían vertido toda clase de basuras. Y allí pudieron sentir in situ los olores y las sensaciones que se les habían explicado previamente que iban a ver y sentir. Según declaró posteriormente Perelló, se trata "del escándalo mayor que ha podido ver hasta ahora en Europa, un escándalo de proporciones descomunales, que ha necesitado una red de cómplices". Asimismo añadió que "allí se había cometido por parte de alguien un acto criminal, continuado, y de efectos retardados, sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas, y también sobre la economía de esta tierra". En la mesa redonda que organizó el PSRM, se anunció que se denunciaría la gestión de los residuos del vertedero en el Congreso y en la UE. A raíz de esta visita, el PSOE anunció que denunciaría ante la UE el vertedero de AbanillaPerelló instó posteriormente a la Comisión Europea para que informara sobre su grado de conocimiento sobre este asunto, así como las infracciones europeas que se pudieran estar cometiendo. Además, entre las medidas a realizar, señaló que se investigarían si se realizaban aportaciones del fondo europeo a este proyecto de tratamiento de residuos. A raíz de estas denuncias, la UE abrió expediente en el mes de septiembre para investigar el vertedero.


Noticia sobre la petición de Perelló a la Comisión Europea


Después de haber pasado por la zona de los enterramientos ilegales diversos miembros del PSOE murciano como María González Veracruz o el portavoz del Grupo Mixto José Antonio Pujante, en junio de 2012 se dirigieron al registro del Ayuntamiento de Orihuela para pedir que los miembros del PP también participaran en esta ruta de los lixiviados. Posteriormente se dirigieron al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, cuyo titular Vicente Tejedo se desentendió por considerar que la planta de residuos está en Abanilla, por lo que debían de dirigirse a la Comunidad Autónoma de Murcia. Finalmente se realizó dicha visita el viernes 29 de junio junto con más cargos políticos del PP. Estos dijeron que estudiarían personarse en la causa por los vertidos ilegales.

Para el domingo 8 de julio organizaron una charla en la plaza del Ayuntamiento de Abanilla, así como una manifestación desde La Murada hasta el vertedero el 14 de julio, que dio comienzo al "Campamento de la Salud".


En agosto la plataforma reivindicó que se realizara un estudio de la salud pública en las localidades afectadas por el vertedero, como lo son Abanilla y La Murada, puesto que según sus informaciones se habían producido un aumento de enfermos de cáncer, los cuales consideraron que podían estar provocados por los enterramientos ilegales en las fincas agrícolas. Dicha sospecha viene dada tras haberse detectado numerosos casos de cáncer que se salen de la ratio "habitual", es decir, que mientras lo normal suele ser el 0,50% de afectación, aquí sería el 1,42% sobre 3.500 habitantes, y en Los Vicentes sería el 1,39% sobre 2.300 habitantes. Sin embargo esta acusación ni es gratuita ni tampoco nueva, pues ya en el Pleno del Ayuntamiento de Abanilla del 11 de abril donde se aprobó la ampliación, ya hubo quien dijo esto mismo, y según la web de IUMA, hasta se dijo la cantidad de 32 nuevos casos de cáncer en mujeres jóvenes, llegando a relacionarse este hecho con la presencia del vertedero.

CAMPAMENTO DE LA SALUD
Para el día 14 de julio se realizó una excursión de vecinos de La Murada y Abanilla hasta las puertas de la planta del vertedero, con el fin de quedarse allí un grupo de personas hasta el cierre definitivo de la misma, haciendo turnos de ocho horas. El objetivo era la defensa de la salud de todos por encima del beneficio económico de unos pocos. Los acampados de el "Campamento de la Salud" pretendían demostrar que pese a no tener permiso para verter, sí lo hacía, teniendo en cuenta que si entraban 100 camiones y salían 95 vacíos, la basura estaba en alguna parte. El objetivo era el de ir anotando la cantidad de camiones que llegaban al lugar, así como sus matrículas y localidad de procedencia. Acompañados de la Guardia Civil y la Policía Local, los vehículos accedieron hasta la zona y posteriormente siguieron a pie hasta la misma puerta del vertedero. Con esta información se pretendía demostrar que el empresario se estaba saltando la orden de cierre de la planta impuesta por la Consejería de la Región de Murcia. Pese a la victoria cautelar de "Ecologistas en Acción" en los juzgados, los acampados siguieron allí hasta que se produjera la confirmación definitiva. El primer día que llegaron, contabilizaron hasta 120 camiones, cantidad que se fue reduciendo hasta llegar a los 70 y finalmente con el cierre de dicho acceso, a ninguno. Este campamento se levantó el día 4 de agosto tras tres semanas de bloqueo a las instalaciones de Fenoll. Tras una asamblea de los acampados, acordaron que con el cierre cautelar de la jueza de Cieza, es la Justicia y la Policía quien debe actuar para investigar la procedencia y la composición de los lixiviados aparecidos cerca de los enterramientos realizados de manera incontrolada. Durante los días que estuvieron, según los trabajadores de la planta se realizaban botelleos y hasta un concierto.



Curiosamente, fue la mercantil Serrano Aznar Obras Públicas la empresa adjudicataria de las obras de ensanche y mejora de la carretera CV-872 que une La Murada con el vertedero. Una carretera que no va a ninguna población pero que sí que sufría el tránsito de docena de camiones de gran tonelaje que se dirigían al vertedero. El procedimiento de las obras fue tramitado por el anterior presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll en 461.852 €, pero fue definitvamente adjudicado por el alcalde de Crevillente César Augusto Asencio en octubre de 2011, cuando la sombra del cierre del vertedero se cernía sobre él.



CESE Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN ORIHUELA
Teniendo en cuenta el informe de la ubicación exacta de las instalaciones de la empresa en suelo oriolano, y la no petición de permiso para dicha actividad, el Ayuntamiento procedió a la ejecución del cierre de las instalaciones sin licencia de la planta por parte de la policía local en la entrada de Orihuela. Pese a haber recibido la orden de cierre el 24 de julio, la empresa se negó a cerrar la entrada y exigió una orden judicial para entrar en la planta y precintarla (ver album de fotos).

Motivado por todas estas acciones administrativas y judiciales en su contra, Fenoll pidió al juez que cesaran las coacciones policiales, pues mientras que los agentes estaban desviando los camiones y ordenándoles dar la vuelta, se paralizaba la actividad en la planta lo cual le perjudicaba económicamente. Así, mientras llega y no llegaba, fue la policía quien en los primeros días de agosto de 2012 procedió al cierre de la puerta por Orihuela, no sin protestas por parte de los trabajadores.

Estos trabajadores son los que temen por la continuidad de sus trabajos, los cuales le guste más o menos, al menos le sirve para llevar algo de dinero a casa. Así, es normal que se opusieran a la clausura del vertedero y bloqueasen las puertas como hicieron cuando la policía procedía al precinto de la misma. Evidentemente a pesar de las presiones de los 50 empleados que defendían su pan, no lo consiguieron.

Una vez cerrada la puerta de la empresa en Orihuela, la solución de la empresa fue que dieran un rodeo de 20 km hasta la entrada de la planta en el término de Abanilla, lo cual indicaron, alargaba el recorrido en una hora para los cerca de 100 camiones de la veintena de poblaciones que van a descargar allí los residuos, lo cual encarece el coste de traslado. Desde entonces, ni un solo camión accedió por esta puerta al recinto. Para el alcalde de Orihuela Monserrate Guillén, esto no es más que el cumplimiento estricto de la ley de cerrar unas instalaciones que no disponen de autorización y que además nunca la han solicitado. Una vez que las puertas por Orihuela están cerradas y vigiladas, lo único que está permitido ahora mismo es la actividad de reciclaje para la cual se puede entrar por la puerta que está en Los Carrillos, pedanía de Abanilla.



La ciudadanía también se movilizó desde las redes sociales, y así, se creó una petición online para pedir el cierre del vertedero. Dicha petición se puede hacer firmando esta petición online

La pelota por tanto ahora está en el Ayuntamiento de Abanilla y en su alcalde, que aunque oficialmente digan en el PP que acatarán lo que diga la ley, hasta ahora por lo único que se ha caracterizado es por favorecerle en todo lo que necesitara, así como en ayudarle en las gestiones con la Administración pública regional.

PESAJE E INFLAMIENTO FRAUDULENTO DE LOS CAMIONES DE CALPE
Toda esta maraña de denuncias y mala imagen, incluida la de las grabaciones en las que presuntamente se daba dinero al ex alcalde de Calpe y diputados y concejales para contratar con Fenoll, provocaron lejos de pagarle los ayuntamientos a la empresa las presuntas deudas millonarias, que por ejemplo el Ayuntamiento de Calpe en Alicante rompiera en agosto de 2012 el contrato que habían firmado con COLSUR en 1998 puesto que entendían que la empresa les había estafado 6 millones de euros en el pesaje de los residuos. Esto se comprobó cuando el Ayuntamiento procedió al cambio de empresa con Accionaen la planta de El Campello les dijeron que a lo largo de tres días, sus basuras pesaban de media 76 toneladas al día, y no 233 como venían pesando en la planta de Proambiente, es decir, el triple. Y es que así, bien puede decir Fenoll que cobra la mitad o tres veces menos que otros vertederos, si luego lo que hacía presuntamente es inflar el peso de los camiones. Y es que si esto fuera así, tendríamos que la empresa de Fenoll le habría estado pasando facturas por 157 toneladas de más al día, durante 4 años. Si cobraba la tonelada compactada a 29,88€, el presunto fraude habría sido bastante más de esos 6 M€. Si tenemos en cuenta que en Calpe se recoge la basura todos los días de la semana, multiplicado por 157 toneladas, serían 57.305 toneladas pesadas de más al año, multiplicadas por 14 años (en principio, pues no sabemos cuándo se habría empezado), 802.270 toneladas, que multiplicadas por 29,88€, darían 23,97 M€, que viene a ser casualmente lo que Fenoll reclamaba a dicho Ayuntamiento en febrero de 2012. Es decir que si fueran listos, vistas las pruebas, no se lo pagarían. Lo único que habría que saber exactamente para modificar dicha cantidad, es desde cuándo les hacían trampas inflando los pesajes de los camiones.

FENOLL CONTRA FENOLL
Que las relaciones entre los propietarios de la empresa, la familia Fenoll, no eran buenas, era algo que se venía rumoreando desde hacía tiempo. Pues pese a que todos los hermanos y un cuñado, tenían la misma parte de la empresa, quien realmente tomaba las decisiones importantes era Ángel, así, tras conocerse un comunicado de los otros hermanos, que estaban dispuestos a retirarlo por la mala imagen que se estaba dando de la empresa por su culpa, supuestamente con la intención de así rebajar las posibles sanciones que fueran a imponer a la empresa, pero enseguida Ángel anunció que plantearía batalla para impedirlo, y que su labor era la de mero gerente del día a día, labor en la cual nunca había ordenado ni consentido ninguna actividad ilícita en la empresa.

TRAMA NAPOLITANA
En septiembre de 2012 salió a la luz en la revista Interviú que la UDEF estaba investigando la posible relación de Fenoll con la camorra napolitana, encargada de la recogida de la basura en dicha ciudad, pues al parecer habían recibido un correo electrónico  de alguien que les informaba de la llegada de una serie de camiones hacía un años, el 31 de julio de 2011.
A pesar de todo esto, el Consejero de Presidencia y Medio Ambiente, declaró tras reunirse con el alcalde del municipio, que "parecía poco probable que trajeran basura desde Nápoles", pues si hubiera ocurrido algo así, alguien de la Guardia Civil se debería haber dado cuenta.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Magnífico artículo, Manolo.
Lleva implícito un gran trabajo tanto a nivel de CONTENIDOS (fantastica síntesis y, al mismo tiempo profusión de información), como desde el punto de vista FORMAL por la adecuada estructuración de los diferentes frentes del caso y por supuesto, por la implementación de los enlaces.
Te habrá llevado mucho tiempo, pero ha merecido la pena.
¡Felicidades!

Anónimo dijo...

Enhorabuena Manolo!!

Nos vemos el sabado a la 10:00

Un saludo...

Anónimo dijo...

Estimado Manuel,por casualidades de la vida veo ahora tu blog en el que haces una excelente exposición de la historia y problemática del vertedero. Enhorabuena.
T.