lunes, 17 de febrero de 2014

El "aborto" de Gallardón a los derechos de la mujer

La cuestión de hablar, debatir y legislar el tema del aborto siempre ha sido harto compleja, pues se entra en un tema que más allá de las creencias políticas, toca los valores humanos, pues se tiene que decidir sobre si se acaba con la vida de un feto por diferentes razones, y sobre todo, debatir sobre cuándo ese feto es considerado un ser vivo o un ser humano, así como distinguir entre la capacidad de la madre a decidir sobre lo que pasa en su propio cuerpo y el derecho que tiene ese ser al que no conoce nadie aún para que se asegure su derecho a la vida, ya vaya a ser esta mejor o peor.

El concepto o derecho a abortar es algo por tanto que se tiene que legislar, no porque una serie de políticos quieran acabar con la vida de miles de fetos que aún no han nacido, sino porque ésta es una situación que se da en la vida y sobre la que hay que tomar algún tipo de decisión legal al respecto para poner de acuerdo a los defensores de la vida y a los que sí necesiten poder abortar y no se les considere unos asesinos. Por tanto los políticos han de legislar y dar algún tipo de instrucciones para que luego el personal médico no tenga problemas legales por realizar estas operaciones.

Así pues la ley del derecho al aborto no está para que las mujeres aborten, sino para aquellas que necesiten recurrir a ella. Las demás mujeres obviamente pueden seguir adelante con sus embarazos si así lo desean. Pero que no se necesite este derecho no quiere decir que se tenga que permitir que luego vengan otros políticos a quitarlo. Una cosa es que no se quiera hacer uso del mismo, y otra que se permita perder un derecho.

Costó mucho en 1985 luchar contra el pensamiento conservador que aún seguía vigente en España y conseguir avanzar en la consecución de derechos para las mujeres embarazadas. Y sobre todo, costó mucho más que durante el gobierno de Zapatero se estableciera una ley de plazos para poderse realizar dichos abortos hasta la semana número 14, por estimarse más que suficiente como para pensarse si se quiere tener el bebé o no. Ahora con la ley de Gallardón todo eso desaparece (al menos mientras gobierne el PP). Por eso se dice que los derechos se tarda años en conseguirse, pero se pierden en un momento.

ANTECEDENTES
Aunque ya el aborto había sido legal en la época de la II República, en 1936 en Cataluña hasta la semana número 12 y en la zona republicana en 1937, debido a la guerra civil, éste duró poco, y enseguida el régimen dictatorial la prohibió tajantemente, salvo que se tuviera dinero y se pudiera viajar a hacer turismo al extranjero, claro está.

En nuestra época más reciente, no pudo ser hasta que llegó el gobierno de Felipe González que se pudo aprobar la Ley Orgánica 9/1985, la cual despenalizó eaborto en varios supuestos:
- Si había riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), en cualquier momento.
- Si había habido violación (supuesto criminológico), hasta la semana número 12.
- Si habían malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico), hasta la semana número 22.

En estos casos no había riesgo de sanción ni castigo por parte de la Justicia por realizar estos abortos. Sí que era delito y el Código Penal establecía penas de prisión tanto para la madre como para los facultativos en el caso de no estar amparados bajo estos supuestos.

Esta ley fue recurrida por José María Ruiz Gallardón, padre del ministro Alberto Ruiz Gallardón, el cual, recordaba esos momentos recientemente, y el Tribunal Constitucional estableció que existía el derecho a la vida, pero también el derecho de la madre a decidir.

La siguiente ley que trató este tema se hizo siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Orgánica 2/2010  de "salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo", incluía los derechos fundamentales establecidos por la OMS en el sentido de ampliar la anterior ley de 1985 para incluir un cuarto supuesto que permitía poder realizar abortos hasta la semana número 14 del embarazo, plazo en el que la mujer y sólo ella (desde los 16 años), previamente informada y de forma libre, podría decidir qué hacer con su feto.

El Partido Popular fue el único partido que se opuso a la aprobación de la nueva ley. También se opusieron algunos miembros de otros partidos como Coalición Canaria, UPN, UPyD y siete diputados de CiU. Fuera del parlamento organizaciones de la sociedad civil también mostraron su rechazo: representantes de la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica, Asociaciones Pro-vida y el Instituto de Política Familiar (IPF).

LA REFORMA DEL PP
En la práctica, con la reforma de Gallardón, desaparecen el tercer y cuarto supuesto, y ya sólo se podrá abortar en caso de violación (y si se ha hecho denuncia) y en caso de haber riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, siendo requerido un informe de dos médicos o psiquiatras (según sea el riesgo) distintos que no sean los que van a realizar el aborto. Una vez que se tenga el informe, la mujer tendrá que reflexionar durante siete días (con la anterior ley eran tres). Es decir que aunque lo tenga claro tendrá que esperar una semana.

Desde que anunció su intención de reformar la ley para recortar derechos, nadie se creía que por fin el PP fuera a cumplir una promesa de su programa electoral, pero sí, era cierto y para desgracia de los que no les votaron, tenía que ser esta. Ya empezaron en junio de 2012 cancelando el derecho al aborto libre a las extranjeras sin papeles (salvo las prescritas por indicación médica), y ahora siguen recortando a las españolas. Parafraseando a Niemöller, entonces nadie se movió por los derechos de las extranjeras, porque igual eso parecía bien, que a ver qué se habían creído, que venían ilegales y se ponían a hacer gasto público de todos, y nadie pensaba que se fueran a atrever con las de aquí, pero se equivocaron, y ahora les toca aplicarles la doctrina a las nacionales.

Fueron muchas las asociaciones feministas que se opusieron a la misma, pero siempre es insuficiente, ni desnudándose en el Congreso sirve de nada, pues todo esto le dio igual al Gobierno de Rajoy, que aprobó esta nueva ley en el Consejo de Ministros del día 20 de diciembre de 2013 a la cual puso nombre el ministro Gallardón, aunque su nombre oficial es el de "Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada". Sí, por ese orden, porque ahora ya la mujer dejará de tener derecho a decidir sobre lo que pase en su vientre. Lo increíble de todo esto es que aparte del apoyo incondicional de sus compañeros de partido (nunca sabremos si lo apoyan porque también piensan igual -pensamiento único- o porque votar en contra cuesta 500€), tan sólo se encontró el apoyo del ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional, aunque su hija y actual líder del partido, se opuso a lo dicho por su padre.

Pero es que son muchos más los que se ponen en contra, aunque en el Congreso ni cuenten ni su opinión importe mucho. En la Asamblea de la Organización Médica Colegial (OMC) se trató este tema, y el vapuleo fue generalizado. Para empezar, los médicos sostienen que la mujer no debe ser considerada ni definida de antemano como una "enferma mental", el aborto en caso de malformación sí debe estar despenalizado, y las menores de edad sí deben de poder realizar un aborto en los casos en que esta información pudiera provocar un conflicto grave, manifestado en violencia intrafamiliar o amenazas.


Cuando se debatió este tema en el Congreso, como se puede ver en la imagen, las señoras diputadas del PP se levantaron muy contentas para aplaudirle. Muy posiblemente ellas no vayan a tener problemas económicos para pagarse el dinero (entre 550 y 6500€) que cuesta el viaje a Londres o Portugal en el caso de que sus hijas o sobrinas se quedaran "involuntariamente" en estado. En 2010 eran las portuguesas las que se daban el viaje a España, ahora sería al revés. Y aunque esto pueda parecer volver al pasado, efectivamente así lo es, pues si el texto que propone Gallardón estuviera ya aprobado, el 92% de los abortos realizados en España sería ilegal. Ahí es nada.


Con la reforma de Gallardón ya no se podrá poner como excusa el que el bebé tiene malformaciones. Es decir, si se detecta este problema en la formación del feto, la ley dejará de amparar tanto a la madre como a los médicos en caso de proceder a realizar un aborto, y sería tipificado como un delito. Y esto sería así salvo que cause un "grave peligro para la salud psíquica de la madre". Y ese peligro sea permanente y duradero en el tiempo.

En el PP ven muy normal que "seres" como el de la derecha, porque yo no me atrevo ni a llamarle feto, pudieran llegar no sólo a crecer en el vientre de una mujer, sino también llegar a nacer. En el PP tienen línea directa con la Conferencia Episcopal y son ellos los que les dictan la línea a seguir en este sentido, pues según se publica en la web de la propia Iglesia ya hay vida desde el mismo momento de la concepción, con lo que nadie se extrañe si lo siguiente será llegar al nivel de sumisión de Argentina donde esto ya se va a incorporar al Código Civil. Así que si por ellos fuera tampoco se podría abortar en los otros dos casos, pues de hecho su opinión es de excomulgar 'ipso facto' a todos aquellos que colaboren en un aborto, porque ellos están al lado de los más débiles. Otra cosa es lo que hacen cuando esos "débiles" ya han nacido.
A finales de enero de 2014 se publicó que Gallardón había "amenazado" a Rajoy con irse si se tocaba algún aspecto sustancial de la ley. Esto, bien podría calificarse como chantaje, sabiendo lo poco dado que es Mariano Rajoy a los cambios, y menos en su gabinete de gobierno.

Pero es igual, en el PP parece que les da igual lo que opinen algunos de sus barones, como el gallego Núñez-Feijóo, el valenciano Alberto Fabra o el extremeño Monago, al respecto de esta ley. Aunque en este último caso una cosa es lo que dijera Monago a los suyos, y otra lo que hacía en su parlamento, pues tuvo que ser mediante una petición del grupo socialista que la mayoría de izquierdas en el mismo, ganó el que se exija el abandono de la ley del aborto de Gallardón.

Como muestra un botón, la concejal del PP de la localidad murciana de Calasparra, Davinia Saorín, llamó "terroristas" a las mujeres que recurren al aborto. En su opinión «existen medios anticonceptivos, y la mujer puede decidir cómo, cuándo y por qué quiere ser madre. Si yo no he sido madre antes, es porque tengo otras ocupaciones que me lo impiden. Hay medios a mi alcance y yo no tengo que recurrir a matar una vida humana». Que una persona que es del PP diga estas cosas, a mí no me sorprende, pues también lo he oído yo antes de boca de otras personas del PP, y en cierto modo, pensando como alguien de derechas, hasta es comprensible. El problema es que lo diga siendo concejal, donde le oyen muchas más personas que si lo dijera alguien desconocido en la intimidad.

También hay personas como Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo (la número dos de Ana Mato, vamos), que piensan que el coste de realizar estos abortos no debería por qué soportarlo la sanidad pública, y aunque no saldrían de la cartera de servicios públicos los abortos que estuvieran motivadas por razones médicas o de salud, sí que es cierto que si la nueva cartera de servicios, donde se prevén aún más recortes que con la anterior retirada de medicamentos subvencionados, se aprueba antes que se apruebe esta reforma de la ley del aborto, según esas declaraciones, todos los demás abortos que no reuniesen esa característica de tener razones médicas, podrían dejar de ser gratuitas. Sin embargo, según dice la propia noticia, fuentes de Sanidad desmintieron que esto fuera a ser así.  

Volviendo al Congreso, en dos ocasiones se había realizado votación secreta en el Congreso de los Diputados, para solicitar una Comisión informativa sobre los GAL, en la cual los diputados del PSOE votaron en bloque que no, y para votar contra la participación de España en la guerra de Iraq, que también los diputados del PP votaron que sí que se fuera. Y además lo celebraron que sí que votaron todos en bloque. Por aquellos tiempos aún se creían a pies juntillas eso que decía Aznar de las "armas de destrucción masiva" que tenía el régimen de Saddam Hussein, porque a él se lo había dicho su amigo Bush.

Este 11 de febrero era la tercera ocasión en que se realizaba la citada tercera votación secreta de la democracia, y de nuevo no hubo sorpresas. Desde el grupo socialista se quería que se votara la paralización de la tramitación de la reforma de la Ley del Aborto que se está llevando a cabo en el Ministerio de Justicia, pero los diputados y diputadas del PP cerraron filas y votaron en contra de la propuesta del PSOE de paralizar la ley y optaban porque siga su camino. El resultado, 183 votos en contra, 151 a favor y 6 abstenciones. Según la diputada malagueña y vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, esto no es un sí a la reforma de la ley, sino un no a la petición del PSOE de paralizar la ley. ¿¿??. Para ella, esto era una "oportunidad" que el PSOE le daba a los diputados del PP para que pudieran "traicionar" a su partido y poder votar en conciencia. En su opinión, a ella "le gusta dar la cara" y no necesita votos secretos para fijar su posición. Dos días después se votaba en Pleno otra Moción de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para pedir esto mismo también, pero en este caso la votación era pública y ahí sí que rompió la disciplina de voto del PP para solicitar la retirada del proyecto de Gallardón.

Los políticos se equivocan en una cosa, y es que creen que ellos tienen el poder. Y no saben que el poder lo tienen los ciudadanos. El problema es que los ciudadanos tampoco saben que son ellos los que tienen el poder, y por eso les vuelven a votar y por eso los políticos se ríen de todos nosotros. El poder se demuestra yendo a votar y botando del sillón a quien lo hace mal.

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