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miércoles, 7 de agosto de 2013

El vertedero de los Fenoll sin Ángel Fenoll

En esta tercera entrega de las crónicas del vertedero, como en las anteriores realizadas en 2011 y 2012, se van a recoger las noticias aparecidas en la prensa entre los años 2012 y 2013, sin mucho más contenido que ese, para que sirva de resumen y para ayudar a los profanos a entender meridianamente bien todo el maremágnum de asuntos referentes o relativos al sucio asunto de la recogida y tratamiento de residuos urbanos en la Vega Baja.

La historia de Ángel Fenoll y su familia con la basura ya se han encargado los medios de difundirla a lo largo de estos años poco a poco: Un hombre humilde proveniente de una familia que desde hace años se dedicaba a la recogida de la basura, prosperó a base de hacer favores y algunos sobornos, y que con los años ha terminado en la creación de un imperio basuril en el que tiene a la mayoría de la familia trabajando y que con sus gestiones y posteriores investigaciones policiales ha generado un sumario de más de 40.000 folios por cuya causa han tenido que dimitir y pasar por los juzgados y la cárcel muchos políticos de la zona de la Vega Baja alicantina. Hechos como el presunto pago de material promocional para la campaña electoral de 2007 a favor de la candidata Mónica Lorente han llevado a la vecina Orihuela a ser conocida ya no sólo por ser la cuna del poeta Miguel Hernández, sino por ser cual "Sicilia valenciana", el epicentro de la llamada trama Brugal. No en vano hasta en la revista Interviú se rumoreó el hecho de que hubieran estado vertiendo camiones llegados desde Nápoles, informaciones puestas en duda por el Consejero de Presidencia Manuel Campos tras reunirse con el alcalde de Abanilla Fernando Molina, y negado posteriormente por el propio Ángel Fenoll, pues muy posiblemente estos datos no eran tan recientes como se publicaba y esto estaría prescrito.

LOS CIUDADANOS DE LA VEGA BAJA MOVILIZADOS CONTRA EL VERTEDERO
La plataforma muradeña de Vertivega, organizó en septiembre de 2012 una reunión en el centro social de la localidad, para convocar a los distintos distintos colectivos alicantinos y asociaciones que se movilizan por la actividad del vertedero. Las mayores quejas, como siempre, fueron debidas a los olores, la contaminación, los enterramientos ilegales, los vasos sobreexplotados por encima de lo permitido, etc. Tras la misma decidieron crear un nuevo colectivo llamado "Residuos Cero". Como objetivos estaría el pedir que se fiscalice el tratamiento de residuos en la provincia y el resto de la Comunidad, donde la gestión es nefasta, así como que se cumplan las tres R (reducir, reciclar y reutilizar). Tecnologías como la incineración o la gasificación permitirían obtener polvo de plástico e incluso energía, y crearían muchos nuevos puestos de trabajo.

Los movimientos sociales organizados en torno a las protestas contra el funcionamiento de este vertedero, tuvieron su eco posteriormente en la localidad de Albatera, donde también se planteó la posibilidad de realizar un macrovertedero similar al de Abanilla. En febrero de 2013, el portavoz de la plataforma "Albatera NO al Vertedero", José Antonio Juan Berna, afirmaba que "no se puede echar la basura como hacían los romanos, a un hoyo o a un vertedero" porque eso es una bomba de relojería que explota antes o después. Así, el 26 de mayo de 2013 hubo una macro manifestación donde participaron más de 4.000 vecinos de la zona de Cox, Granja de Rocamora y Albatera, pues todos allí tienen claro que no quieren ningún tipo de vertedero en sus municipios. En febrero de 2013 hubo una concentración de unas 1000 personas en la plaza del Ayuntamiento de Albatera para protestar contra la instalación en dicho municipio de un macrovertedero. Así, tras haber recogido un total de 1000 firmas, la plataforma "Albatera no al vertedero" se presentó en junio de 2013 en el Ayuntamiento de Albatera para pedir a su alcalde Federico Berná (PP) que alegara contra la adjudicación del Plan Zonal de Residuos. Dicho plan por cierto se pidió desde el PSPV al Consell que se aprobara de una vez tras seis años de esperas y presuntamente de estar ya hecho hace muchos años.

ORDEN DE CIERRE DE LA CONSEJERÍA
Como igual se recuerda, tras las denuncias de Ecologistas en Acción, se consiguió que la Consejería de Presidencia de Murcia emitiera una orden de cierre del vertedero desde octubre de 2011 para un total de 30 años, pues Proambiente había ocupado y destruido 44 hectáreas del paraje de la Solana en la sierra de Abanilla, perteneciente a la Red Natura 2000, y además se había descubierto un enterramiento ilegal de 117.900 toneladas de residuos sin tratar.

En su comparecencia en la Asamblea del 19 de septiembre de 2012, el Consejero Manuel Campos afirmó que la actividad en el vertedero era nula, pues ninguno de los vasos estaba abierto en ese momento, pues sólo podría en en número 3 y la ampliación está siendo sometida a la Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que dicho vaso no puede ser explotado sin contar con dicha autorización. Dicha ampliación sería posible si se presentaran los papeles para la reapertura del vertedero antes del día 5 de octubre. Con dicho Estudio de Evaluación de riesgos se podría retomar la actividad y hacer reparaciones para evitar las filtraciones de lixiviados al exterior. Y todo eso pese a las quejas de las asociaciones ecologistas y la UE sobre el deficiente funcionamiento.

Sin embargo lo explicado por Campos no terminó de gustarle a la teniente de alcalde de Orihuela, la socialista Antonia Moreno, pues vio cómo no se descartaba la continuidad de la actividad de la empresa. Lo que más le sorprendió es que no se conozca en absoluto la forma de actuar de Fenoll, y que tan sólo se considere que se ha saltado unas cuantas normas y ya está, pero que está dispuesto a corregirlas. Por otra parte se lamentó de que ninguno de los grupos parlamentarios viera el lado humano del desastre ecológico, y tan sólo se limitaran a cuestiones administrativas y sanciones económicas al empresario.

Dado que el 17 de febrero de 2012 el Consejero Campos había rechazado el recurso de alzada de Proambiente contra el cierre decretado, una vez agotada la vía administrativa, en diciembre de 2012 Proambiente recurrió a la vía judicial para retomar la actividad del vertedero en el vaso número 3. En este sentido el Consejero recordó que las dos únicas posibilidades pasaban por la revocación del cierre cautelar dictado por el juzgado de Cieza, o bien con la obtención de la Autorización Ambiental Integrada una vez que se cumplieran las medidas exigidas por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, hecho que dependería de lo que dijera el propio Campos en el plazo de un mes. Dicho recurso para poder reabrir el vaso 3 fue admitido a trámite en el TSJ. Según la empresa, la situación estaba siendo bastante insostenible, pues tras la caída de la actividad en los vertidos, se podría provocar la desaparición como empresa, pues aunque no se estaba realizando ningún ERE, sí se estaba dejando de renovar los contratos temporales y además se estaban produciendo retrasos de 10 a 15 días en los pagos de las nóminas, y se hacían con pagarés.

LOS FENOLL DESTITUYEN A ÁNGEL FENOLL COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE PROAMBIENTE
Fenoll imputa a sus hermanos toda la gestión de la planta de Proambiente
La gran noticia de estos últimos meses fue esta, que reunida la Junta de administración de la empresa Proambiente SL el 18 de diciembre de 2012 (son seis miembros de la misma familia Fenoll, además de Ángel, son sus cuatro hermanos y su cuñado), decidieron cesar a Ángel Fenoll de su cargo de administrador único con el objetivo de "acabar con las dictaduras" y dicho cargo recayó en su sobrino Antonio Joaquín Fenoll. Pero el propósito además de ese era también modificar los Estatutos para que la mercantil fuera gestionada por un Consejo de Administración en el que las decisiones de tomaran de forma consensuada. Dicho trámite tuvo lugar un mes después el 1 de febrero y Antonio Joaquín delegó sus poderes en dicha Junta General. Sin embargo Ángel no lo veía esto así, pues argumentó que desde 2007 delegó todas las funciones en su hermano Ramón Fenoll y no sólo eso sino que desde 2011 tiene la incapacidad para desarrollar su trabajo. Y si siguió formalmente con el cargo de administrador fue por "los acontecimientos que estaban aconteciendo con las administraciones, incluida la de justicia". Según su versión, el trabajo diario de la planta había sido responsabilidad de sus hermanos Francisco, José, Antonio, y su cuñado Juan Sarrías, quedando la gestión económica en manos de su hermano Ramón Fenoll.


Esta salida de Fenoll, fue bien vista por Ecologistas en Acción, en el sentido de que "les salía más barato echarlo que pagar las sanciones por los incumplimientos de la empresa bajo su gestión".

SE DESATA LA GUERRA ENTRE LOS FENOLL
La respuesta estratégica de Ángel Fenoll ante este ataque de sus familiares fue inmediata, y consistió en cambiar el nombre de la empresa COLSUR SL, que era la responsable de la recogida de basuras, y que pasó a llamarse SIREM SL (Sistema de Recogida de Residuos Medioambientales) en la cual era el dueño junto con sus hijos y cuyo objeto social por cierto además del de la "explotación de fincas agrícolas", era el de la "reparación de vehículos". Por otra parte, Proambiente notificó a 20 municipios (uno Fortuna en Murcia y el resto de Alicante. Abanilla se salva por contrato por estar ubicado el vertedero en este municipio) que les cerraba las puertas a sus basuras porque la empresa COLSUR que gestionaba el servicio de recogida, no les pagaba por verter allí.

A continuación, SIREM dirigió un escrito a la Dirección General de Medio Ambiente de Murcia instando a paralizar el proyecto de Proambiente de ampliación del vaso 3 (colmatado como los vasos 1, 2 y 4) cuyas tierras ocuparían unas 6 hectáreas, porque los terrenos son propiedad de SIREM, no de Proambiente. Y en cuanto a la carta enviada por Proambiente a los municipios, indicaba que no se les debía nada, porque el acuerdo era de "enterrar basura a cambio de suelo". Y no sólo eso, sino que además exigía que se les abriera un expediente por estar tratando más toneladas de residuos de las autorizadas en la planta de reciclaje. ¡Y eso lo decía la propia empresa de Fenoll que hasta entonces él había dirigido!.


EL NUEVO PROAMBIENTE SIN FENOLL COLABORA CON LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Una vez que Ángel Fenoll ya no era el Administrador único de la mercantil, en abril de 2013 el Consejo de Administración que afirmaba querer hacer las cosas bien y dar muestras de buena voluntad, y para ello decidió colaborar con la Consejería de Presidencia, y para ello empezaron por detectar lixiviados y enterramientos ilegales hasta ahora desconocidos, así como a que personal de la empresa acompañó a los técnicos de Medio Ambiente para indicarles en qué zonas del vertedero en el paraje de la Solana, se habrían producido dichos vertidos.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SIERRA
Tras la orden de cierre por las denuncias, se le había dado de plazo hasta el 5 de octubre de 2012 para presentar el Estudio de Evaluación. Unos días antes de expirar el plazo, se supo que Fenoll pretendía restaurar el vaso número 4 (que tenía denuncias por haberse realizado de manera clandestina) con materiales de relleno de gran envergadura, sacados de las obras de la Autovía San Javier-Santomera y del AVE. La Consejería le respondió que esto era inviable pues la primera (la conocida como autovía del bancal, por terminar en un bancal) estaba parada por la crisis, y las del AVE iban con retraso. Y no sólo eso, un día antes, Ecologistas en Acción denunciaba que en la zona de la Solana había máquinas apisonadoras realizando un camino pavimentado con zahorra, de hasta 3.000 metros en zona LIC para que pudieran transitar los camiones. Una vez que lo supo el Consejero de Presidencia, Manuel Campos, afirmó que "se habían quedado perplejos y que ya habían informado al Fiscal Jefe, al Seprona, y a los agentes de Medio Ambiente para que visiten las instalaciones". Campos manifestó su malestar por la apertura de un camino sin solicitud ni comunicación previa a Medio Ambiente y en una zona que podría ser un LIC.

La salida de Ángel Fenoll de administrador único al principio no supuso grandes cambios respecto a las relaciones con las administraciones, pues la empresa debía de seguir teniendo que presentar el Plan de Restauración de la Sierra de Abanilla si es que querían que se desbloqueara y reanudara el trámite de la Autorización Ambiental Integrada para poder seguir vertiendo en el vaso 3, y eso sí, tan sólo para 7 años y 76 días de prórroga, es decir, fecha límite de cierre en 2020.

Sin embargo fue en abril de 2013 cuando la Dirección General de Medio Ambiente aprobó el Plan de Restauración de la planta y se le exigió a Proambiente un aval de 3,3 millones de euros para poder pagar las obras de recuperación del terreno dañado a realizar durante cinco años hasta 2018 y dejarlo "como los chorros del oro", y así ellos ya podrían seguir realizando vertidos hasta tener que cerrar. Este pago se aceptó en abril y se le daba un mes de plazo para hacer este ingreso en las cuentas de la Comunidad Valenciana.

Dichas obras de restauración de la sierra empezaron en abril de 2013, aunque aún sin entregar el aval del dinero, y en ellas se empezó por acotar el vaso número 4 que había sido abierto ilegalmente por la empresa. Dentro de las condiciones que puso la CARM, se supo que estaba el invertir 3,3 M€ en la mejora del vertedero:
- Realización de ensayos de vegetación sobre distintos sustratos.
- Creación de un área cortafuegos para evitar la propagación de un incendio.
- Restablecimiento del vaso 4.
- Diseño de un sistema de drenaje para conducir las aguas pluviales hacia las cuencas naturales y los lixiviados hasta una balsa para su posterior gestión.
- Restauración de los espacios estableciendo zonas de los hábitats existentes en el lugar, así como de aquellas especies que los conforman para poder ofrecer un "cortejo de especies en los trabajos de restauración que garanticen la recuperación de las especies y de los hábitats dañados.
- Ejecución de acciones contempladas en el plan de gestión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Yesos de Ulea sobre el monte Casa del Tío Roque.
- Adquisición de una finca de 40 hectáreas por valor de medio millón de euros para ser incluida dentro de la Red Natura 2000.

Dicho proyecto de restauración fue recurrido ante la Consejería de Presidencia por el Ayuntamiento de Abanilla mediante recurso de Alzada, a propuesta del PSOE de Abanilla, para que todas las medidas compensatorias se realizaran en el término municipal de Abanilla, por ejemplo en el LIC del río Chícamo, pues éste era el municipio donde se habían realizado los daños. Y esto lo hicieron ya que la mercantil Proambiente había acabado con todos los yesos que habían debajo de los vasos del vertedero, y en el proyecto habían previsto realizar la inversión el LIC de Yesos de Ulea, tal y como marca la Directiva Hábitats de la UE, porque según Ecologistas en Acción "es monte público y tiene yesos".

En medio de estos asuntos administrativos, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cieza, encargada de la investigación de la presunta ocupación ilegal de un LIC en la sierra de Abanilla, emite un auto exigiendo el aval de 2 millones de euros como fianza por las obras de restauración, con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias. Lo curioso es que tanto el aval exigido por la Comunidad como por este Juzgado correspondían al mismo dinero. Y si esto sorprende, más aún que tan sólo se dio de plazo un día y si no se daba este aval, se procedería al embargo de la empresa por valor de esos 2.074.000 €

Pese a haberse acordado en abril y haber un mes de plazo, el ingreso fue confirmado en la prensa el 16 de julio, tres meses después. Según Proambiente, los trabajos referentes al asunto de los lixiviados consistían en un embalse en la zona sur del vertedero (fuera del LIC), así como un total de 22 pozos de extracción en los vasos 1 y 2, los cuales se conectarían con dicho embalse.

Debido a esta aprobación del Plan de recuperación de la sierra por parte de la Consejería de Presidencia, ya la empresa podía solicitar al Juzgado de Instrucción nº 4 de Cieza la reapertura del vertedero. Así, la empresa Proambiente realizó esta petición para poder reabrir el vaso número 3 y continuar con su actividad. Sin embargo la noticia fue que Asociación de Ecologistas en Acción se sumó a las alegaciones que se habían realizado desde la Consejería de Presidencia para que se continuara con la suspensión y el sellado de las actividades en dichas instalaciones, pues no es cierto que dicha actividad no interfiera con el PGOU de Abanilla, pues éste está suspendido en dicha zona ya que se debe modificar la calificación realizada y en todo caso debe prevalecer el carácter de Zona LIC. Modificación que está pendiente desde 2006 y que aún no se ha hecho. Por otra parte desde Ecologistas añadieron que la autorización inicial era para verter en 17.603 m2 y sin embargo se estaba haciendo en una zona aproximadamente de 39.000 m2.

Según el Consejero de Presidencia Manuel Campos, "el proceso judicial está por encima del proceso administrativo". Así pues, el cierre, que si se recuerda, había ocurrido porque además de lo anterior se pilló in fraganti a 25 camiones vertiendo 400 toneladas de forma ilegal, quedaría en el aire. El Consejero añadió que no obstante el cese y clausura del vertedero se producirá en el año 2020, por lo que el vertido en dicho vaso 3, el único legalizado en la actualidad, sólo sería para siete años.

Y esto es así, porque el procedimiento por el cual se quería legalizar el vaso número 5, y por el que se realizó desde Proambiente un procedimiento de Autorización Ambiental Integrada, se le comunicó desde la Consejería el día 13 de mayo que había caducado. Vaso en el cual la empresa ya había realizado movimientos de tierras gracias a una licencia de obra menor que le había concedido el Ayuntamiento de Abanilla, los cuales por cierto luego fueron desautorizados desde la Consejería de Presidencia. Por cierto, las licencias de obra menor se dan si el montante es menor de 30.000 €, lo cual teniendo en cuenta la envergadura de dicha obra, esto es bastante cuestionable.
¿DÓNDE VAN A PARAR LAS BASURAS DE LA VEGA BAJA?
Debido al cierre del vertedero, ya no se podían llevar allí las basuras para verter en los vasos, sino simplemente para la planta de reciclaje, y lo que allí se desechaba se tenía que llevar a otros vertederos posteriormente, teniendo que ser pagado dicho transporte por la empresa de recogida de basuras.

Así, el Ayuntamiento de Orihuela denunció en febrero de 2013 que no sabía dónde tenían que ir sus basuras, ya que al estar clausurado el vertedero de Abanilla, según les habían dicho de forma oral, debían ser llevadas al de Crevillente, pero sin existir contrato formal por medio, por lo que el interventor municipal no las tenía todas consigo para autorizar las facturas.

En junio de 2013 el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, Vicente Tejedo, reconocía que no sabía dónde fueron a parar el 71% de las 247.000 toneladas que se generaron en la Vega Baja en 2012. Es decir, una cantidad nada despreciable de 176.000 toneladas de residuos urbanos no se saben dónde fueron a parar, pues a los vertederos controlados por la Comunidad no fueron. ¿Dónde se tiró esta basura?. Según la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Murcia, que se sepa, tampoco van a parar allí. Tampoco a la planta de Proambiente, pues allí oficialmente sólo van a parar las de municipios de Murcia para ser valorizados, y los que se rechazan, se llevan al vertedero autorizado de Fuente Álamo.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA A FERNANDO MOLINA, ALCALDE DE ABANILLA
En febrero de 2013, el colectivo de Ecologistas en Acción, interpuso una denuncia por posible prevaricación contra el alcalde de Abanilla, el popular Fernando Molina. Según ellos "había mantenido una conducta tanto activa como de omisión para permitir y posibilitar que la mercantil desempeñara su actividad de gestión de residuos de una forma totalmente irregular ocasionando graves daños al medio ambiente, constitutivos de delito." Entre las acusaciones estaría el que la Corporación no había practicado ninguna diligencia, ni abierto ningún expediente sancionador. Por otra parte, también decían que se habían emitido cédulas urbanísticas contra planeamiento, como la licencia de obra menor del 21 de diciembre de 2010 para movimiento de tierras y dar cobertura a vasos de vertido.

Tras dicha denuncia, el titular del Juzgado número 1, Andrés Montalbán llamó a declarar como imputado al alcalde a los juzgados de Cieza el viernes de dolores para preguntarle sobre su gestión respecto de la actividad en el vertedero, tal y como habían denunciado los ecologistas. En cerca de dos horas, el alcalde alegó que no tramitó la denuncia que Ecologistas en Acción realizó en 2010 por la roturación, desmonte, eliminación de cubierta vegetal y especies protegidas (...) en 37 hectáreas del LIC de la Sierra de Abanilla, porque las competencias dependían única y exclusivamente de la Dirección General de Medio Ambiente, por lo que el Ayuntamiento no tiene competencia alguna en dar licencias. Respecto de las labores de control del Consistorio sobre la planta de reciclaje tras dictarse el cierre cautelar de la misma por estar vertiendo 400 toneladas sin tratar en una zanja, el alcalde Fernando Molina volvió a repetir que todas las competencias en el tema de la planta de residuos dependían de la Comunidad Autónoma y si había que poner o no sanciones, era compentencia de ésta, no del Ayuntamiento. Tras incidir por segunda vez en lo mismo, el juez le cuestionó entonces si estaba queriendo decir que si después de que ellos hubieran dado la autorización, dichas irregularidades de no control, no seguimiento, y no investigación eran responsabilidad del consejero de Presidencia Manuel Campos y su organigrama. Ante la respuesta de que así era, el juez le espetó que cómo era posible que sí tuviera competencias para levantar actas de infracciones urbanísticas por edificaciones ilegales y no las tuvieran para sancionar por movimientos de tierras en zonas LIC o ZEPA por vertido de residuos.
El alcalde declara al juez que la responsabilidad del vertedero es de la Comunidad Autónoma

MARCHAS EN BUSCA DE LOS LIXIVIADOS
Uno de los miembros de la plataforma salta un charco de residuos. | M.Lorenzo
El 29 de diciembre de 2012 se realizó la "II Ruta de la basura", una nueva excursión organizada por ASOJOVEN para que quien fuera viera con sus propios ojos "fuentes de contaminación" impresionantes. A la misma acudieron unas 150 personas y vieron focos de lixiviados que muy probablemente procedían de los vasos del vertedero, situados a tan sólo 250 metros. Según el presidente de Vertivega, Vicente Pérez Basanta, estos focos de contaminación ya son como un grifo abierto que ha llevado a la formación de un riachuelo el cual han intentado tapar con esparto, y la cantidad de armonio es tres veces superior a los valores normales. A su juicio, "esta fuente va a afectar a toda la comarca, porque los lixiviados están enterrados en el subsuelo". En su opinión, estos líquidos podrían proceder de los vasos 2 y 3 que no están bien impermeabilizados, y cuando llueve arrastran el líquido y lo distribuyen por los alrededores. La solución sería sacar toda la basura de dichos vasos para que no se siga filtrando. Según el secretario de Vertivega, Demetro Poveda, esta fuente la descubrieron por casualidad en una excursión a finales del verano.

FOTO: Vertivega
Fue para el 27 de julio de 2013 cuando se organizó una nueva marcha para ver y conocer "in situ" un nuevo río de lixiviados. A la cita acudieron unas 200 personas de las localidades cercanas (ver fotos). En esta ocasión había sido una mujer, agricultora vecina de la zona, quien haciendo unas zanjas en su terreno para sanear sus olivos, descubrió todo un río de lixiviados junto a sus árboles, que subieron un metro de altura en unos pocos días. Según se llegó a comentar, aunque no se ha publicado, la empresa llegó a hacer tratos posteriormente con los propietarios para la adquisición de dicha finca. Como viene siendo habitual, desde Vertivega se puso en conocimiento de la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento de Orihuela la existencia de este nuevo hallazgo para que tomaran las medidas oportunas, por estar en dicho territorio, aunque son conscientes de que el problema no está ahí sino en la administración regional de Murcia, que es quien sigue dando los permisos y autorizaciones.
Según el ingeniero colaborador con la asociación, Artemio Cuenca, los lixiviados avanzan entre 1 y 3 metros al día, pudiendo estar ya cerca del Trasvase e irán a parar a Los Rocamora, donde entrarán en contacto con los acuíferos de la zona.

SEGUIMOS SIN SABER DÓNDE SE UBICA EL VERTEDERO
Si se recuerda, uno de los problemas con que se tenía que lidiar, y que beneficiaba enormemente la obstaculización de los procesos administrativos, era que no se sabía con certeza en qué municipio estaba ubicado exactamente el terreno ocupado por el vertedero. Si bien tras varios años se determinó que lo que era la puerta principal del complejo estaba en terreno de Abanilla, el resto de lo que eran los vasos de vertido estaban en terreno perteneciente a Orihuela. Sin embargo no se termina de saber exactamente por dónde pasaría la hipotética línea de separación. Y es por eso que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, Antonio Zapata, mostró su decepción con los representantes medioambientales de una y otra comunidad pues aún ni siquiera se habían puesto de acuerdo en buscar una fecha para reunirse y aclarar este asunto cartográfico.

RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA: DENUNCIAS POR INSTALACIONES ILEGALES Y ALMACENAJE DE DESECHOS INFLAMABLES.
El 1 de agosto, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, Antonio Zapata, informaba que se iba a abrir un nuevo expediente sancionador a la mercantil Proambiente por estar realizando una actividad para la que al menos ellos no tenían constancia de que se hubieran pedido permisos, como lo es la instalación de unas tuberías para la extracción de gas metano y con éste, posteriormente energía eléctrica.

Este expediente se une así a los otros siete que ya se realizaron anteriormente por infracciones como tener instalaciones sin licencia ambiental en territorio de La Murada, los cuales fueron recurridos por la empresa pero cuyos recursos fueron resueltos negativamente por el Ayuntamiento el 18 de julio, ya que Proambiente no ha realizado ningún trámite de regularización de las mismas.

Nada más comenzar el 2013, desde la Ejecutiva de Los Verdes que es quien gobierna en Orihuela, se puso en conocimiento que iban a apostar por una solución para que los residuos de la localidad no acabaran en la planta de reciclaje de Proambiente, y no sólo eso, sino que además se iba a luchar junto con plataformas y vecinos para que no llegara a dicho vertedero ni una sola partícula más de basura, para que se restituyan los terrenos afectados y se devuelva el esplendor que tuvo La Murada.

En agosto de 2013 nos enteramos que no sólo se realizaban actividades sin tener licencia, sino que también se acumulaban desechos de un producto llamado "blending" que debido a la crisis no le han podido dar salida. Un producto altamente inflamable con que sólo le saltara una pequeña chispa.

LO QUE SE HACE DESDE ABANILLA
Además de recurrir el proyecto de recuperación de la sierra porque incluía la restauración del LIC de los yesos de Ulea y pretendían que todos los gastos se hicieran en territorio de Abanilla; unos días después, en el pleno de mayo de 2012, desde el grupo socialista, la portavoz Mª José Atienza pidió que desde el Ayuntamiento se evaluaran las consecuencias que podría estar teniendo la actividad del vertedero y los vertidos incontrolados de la mercantil Proambiente sobre la salud de los ciudadanos. En diciembre de 2012, seis meses más tarde (tampoco es que hubiera mucha prisa), el alcalde Fernando Molina remitió a la Dirección General de Salud para que analizaran el aire, el agua, el suelo y sus posibles afecciones sobre la salud de los vecinos.

Una vez que desde la Dirección General de Medio Ambiente se había aprobado el Plan de Restauración de la sierra, tanto desde IUMA como desde el PSOE se criticó el daño causado a la sierra por la empresa Proambiente. En concreto la edil de IUMA, Mª Dolores Saurín dijo que la Consejería había hecho lo que tenía que hacer, restaurar la naturaleza rota, pero que no se podía obviar la responsabilidad que tenía el alcalde Fernando Molina en este asunto por haber dado lugar a estas salvajadas medioambientales. Por otra parte la portavoz del grupo socialista, Mª José Atienza, dijo que se mantenía firme en su postura del cierre definitivo del vertedero y que toda sanción que se le pusiera, era poca, pues el daño ya estaba hecho.

En el boletín informativo del PSOE de agosto de 2013, se venía a repetir esto mismo que ya se había dicho recordando que "el asunto es de una gravedad extrema, porque se está jugando no ya sólo con el futuro de un pueblo y una comarca, sino con la salud de todos los vecinos". Según dicho boletín, según un informe de la jefa de servicio de inspección medioambiental de la Generalitat valenciana fechado el 23 de julio de 2013, en los análisis de los lixiviados "se detecta la presencia de sustancias peligrosas tales como Níquel, plomo, Arsénico, cobre, cromo, Selenio y Zinc, así como... sólidos en suspensión, Armonio y Nitratos", por lo que "se está produciendo una actividad gravemente contaminante".
Perelló, durante su visita.

DENUNCIA EN LA UNIÓN EUROPEA
Si se recuerda, tras la visita del eurodiputado Andrés Perelló a la zona afectada el día 24 de mayo de 2012, anunció que denunciaría la gestión de los residuos del vertedero en el Congreso y en la UE. Gracias a dichas gestiones, la Comisión Europea decidió proceder a evaluar las denuncias contra el vertedero por los asuntos de enterramientos ilegales así como los olores que se padecen en la zona. En estos momentos los servicios de la Comisión estaban evaluando las respuestas emitidas por las autoridades españolas en el marco de esta investigación.

viernes, 24 de agosto de 2012

Acoso y derribo al vertedero de Fenoll

La historia del vertedero de Ángel Fenoll en Abanilla tiene mucho de pillería y quizá hasta de mafia. Como si de la película "Gomorra" de Roberto Saviano se tratase, en este asunto han circulado muchos billetes, muchos intereses políticos y sobre todo mucha mierda. En estos años, el asunto judicial del BRUGAL (BAsuras RUrales Gestión ALicante) ha salpicado a tantas personas y a tantos temas, que los más de 40.000 folios del sumario son prácticamente inabarcables. En esta historia hay desde sobornos, extorsiones e incluso tráfico de influencias en la concesión de algunos de los concursos públicos de gestión de recogida de basuras de un cuarto de millón de personas repartidas en la veintena de localidades de la vega baja de Alicante y varias más de la Comarca Oriental de Murcia desde las que se recibían en el vertedero. En el sumario se pueden encontrar desde nombres de banqueros de la CAM o Bancaja hasta la compra de partidos del Hércules, o cuestiones más propiamente basuriles como el pesaje fraudulento de los camiones de basuras para cobrar más, o el tratamiento de residuos peligrosos sin tener permiso para ello. En este tiempo se ha detenido varias veces además de al propio Fenoll, también a José Joaquín Ripoll, que fuera presidente del PP de Alicante y de la Diputación provincial y además de los anteriores, se ha imputado hasta a 29 personas más.


Antes de seguir más, aclarar que este artículo no pretende ser un gran documento con importantes revelaciones, sino más bien una recopilación de las noticias que han ido apareciendo en los últimos meses al respecto del vertedero de Ángel Fenoll en Abanilla, explicadas por temas e hilvanadas en el tiempo, para poder entender mejor tanto asunto y tanto tema desperdigado en tanto frente. En ese sentido, sí puede que constituya un referente para poder encontrar los enlaces a las noticias completas. Así que si algún "negro" pretende encontrar aquí alguna gran revelación para hacer una nota de prensa, lamento decirle que no va a encontrar mucho de novedoso, por lo que deberá de exprimirse mejor el cerebro.



Desde que la Asociación vecinal Asojoven de La Murada denunciara estos hechos en el juzgado de Cieza en agosto de 2010 hasta la notificación de la resolución de la Consejería de Presidencia a la mercantil PROAMBIENTE de la efectividad del cierre del vertedero y la suspensión de la actividad por un periodo de 30 años, conocida el día 1 de noviembre de 2011, (pero notificada días antes el 21 de octubre) tan sólo pasó un año, pero desde entonces han pasado muchas más cosas.



Este cierre provocó la imposibilidad (supuestamente) de poder gestionar dicha cantidad de vertidos que llegaban hasta ese momento a la planta, por lo que el 10% (entre 40 y 50 toneladas) que no podía ser asumida, tenía que ser derivada hacia otras plantas situadas en Cartagena (Medioil Levante) y Lorca. El gasto de los portes de estos residuos fue asumido por la propia empresa, con la confianza de que se le fuera a autorizar la apertura del vaso 3, el cual en principio había sido diseñado para 195.000 toneladas y sin embargo llegó a las 495.000. Evidentemente, con la situación alargándose en el tiempo, a los nueve meses, la empresa advirtió que podría empezar a repercutir ese precio extra a los Ayuntamientos, lo que redundaría en los recibos de los ciudadanos. La cuestión está en que los vertederos de la zona cobran el vertido a 60€ la tonelada, mientras que el vertedero de Fenoll los cobra entre 9€ y 27€ dependiendo de la distancia que tienen que recorrer los camiones, hecho que evidentemente provoca que reciclar los residuos en su totalidad, que es algo para lo que los Ayuntamientos pagan sus tasas, se convierta en una actividad nada rentable. Alargar este proceso en el tiempo, provocaría que todos tuvieran que pagar más por los portes extra.



ENTERRAMIENTOS ILEGALES DE BASURAS EN FINCAS DE AGRICULTORES

A pesar de que el permiso para funcionar se pidió en Abanilla en 1997 y "oficialmente" empezó a verter en 1999, en La Murada ya sabían que estaban depositándose residuos desde 1994. Años después, el 21 de marzo de 2006 un grupo de doce vecinos naturales de Fortuna y El Salado Alto denunciaron en la CHS y la Consejería de Medio Ambiente de Murcia que en una finca cercana a la zona, llamada Los Rafaeles, se habían enterrado en 2006 gran cantidad de desechos de hospitales, como pilas, vidrios, medicamentos, cuchillas de afeitar, jeringuillas, inyectables para diabéticos y plásticos, los cuales estaban empezando a emerger en esos días. Seis años después era plataforma Vertivega la que retomaba el testigo de estas denuncias.


A mediados de mayo de 2012, el Instituto de Medicina Legal de Valencia emitió un informe en el que se revelaba el enterramiento de 387.900 toneladas de residuos sólidos urbanos en las fincas de Los Corrales y Los Sigüenzas, propiedad de Francisco Poveda. Estos residuos no habían sido tratados previamente para crear compost, por lo que no eran fertilizantes. Después de realizarse el enterramiento a dos y tres metros de profundidad, la zona fue cubierta con tierra vegetal, y se plantaron decenas de árboles limoneros. La gravedad de los hechos ante la existencia de este vertedero incontrolado no era sólo los desechos en sí, sino que las fincas se encontraban en la cuenca hídrica de cabecera receptora de las aguas pluviales de la ladera sureste de la Sierra de Abanilla, las cuales confluyen en la Rambla Salada. Según este informe, la basura enterrada suponía un riesgo de gravedad para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas. Estos residuos eran de origen urbano y se vertieron sin adoptar ninguna medida preventiva para mitigar sus efectos en el entorno. La conclusión del informe es que se deberían de retirar los residuos enterrados en este vertedero. Sin embargo, y a pesar de todo este estropicio creado, Fenoll pidió a la justicia que se le archivara la causa de la operación Subterráneo por la que había sido detenido el 6 de julio de 2011. Ecologistas en Acción se opuso al archivo de la causa pues la relación estaba clara. Tan sólo unos meses después, en diciembre de 2011 los vecinos volvían a descubrir nuevas zonas donde se habían realizado vertidos ilegales en dichas fincas, según estos vecinos, podrían llegar a estar afectadas cerca de 500 tahúllas, unos 550.000 metros cuadrados, así que el concejal de urbanismo de Orihuela Manuel Culiáñez pidió al juez que el Ayuntamiento de Orihuela poder personarse en la investigación de estos enterramientos. Meses más tarde, en junio de 2012 Culiáñez, informaba que sería la Consellería quien se encargara de estos vertidos. Por otra parte, después de ir a ver la zona los políticos del PP, éstos informaron de que estudiarían también personarse en la causa en el juzgado de Cieza.


Noticias de La Sexta. Vertedero ilegal bajo limoneros


LOS LIXIVIADOS
Como resultado de los vertidos incontrolados en determinadas fincas de agricultores que luego eran cubiertas con plantaciones de limoneros, se empezaron a generar lo que se conoce como "lixiviados", que son el producto de la mezcla de las aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo, junto con compuestos procedentes de los procesos de degradación de las basuras que suelen contener materia orgánica, nitrógeno en forma de amonio, sales como cloruros y fosfatos, así como metales pesados, aunque en menor medida. Y así hasta 200 compuestos diferentes. Estos líquidos "lixiviados" de color negro y olor intenso, deben recogerse y ser tratados, pues si no es así, se produce la contaminación del suelo. Dentro de lo que fueron las investigaciones para las diligencias previas del proceso judicial en el juzgado 4 de Cieza contra la mercantil PROAMBIENTE, el SEPRONA procedió a analizar en mayo de 2011 unas 14 muestras de basura vertidas en la finca La Serratilla del paraje de El Agudo, y estos análisis determinaron que los lixiviados "generarán episodios de contaminación, tanto en el suelo donde se encuentran enterrados como en las posibles aguas subterráneas o superficiales que estén situadas en las proximidades".

Tan sólo unos meses después, la plataforma ciudadana Vertivega encargó un análisis de las aguas recogidas en charcas junto al vertedero de Proambiente y los resultados arrojaron índices de contaminación alarmantes. El problema de estos líquidos o lixiviados es que al estar en la parte alta de la montaña, van bajando por todo el manto acuífero a una velocidad de entre uno y tres metros al día y van contaminando las aguas subterráneas y los pozos de riego, por lo que al final afectaría a los frutos de los árboles. Según comentó en la prensa el miembro de Vertivega Artemio Cuenca, si nos ponemos en plan dramático, estos lixiviados podrían llegar al Trasvase Tajo-Segura o al Canal del Taibilla, de donde beben miles de personas de la Región de Murcia y Alicante, y esto no es nada descabellado.

ROBERTO SEBASTIÁN
El 10 de mayo de 2010, el ex empleado de la mercantil Roberto Sebastián, prestó declaración ante el fiscal Felipe Briones en el marco de la operación BRUGAL. Gracias a estas declaraciones, se pudieron localizar a finales de 2011 los enterramientos de basura ilegales que se habían realizado durante varios años pero que nunca se habían podido demostrar. Entre esos vertidos habían restos de animales de mataderos, basura sin reciclar, o ácido de galvanizados. Además, según afirmó, Ángel Fenoll estaba al tanto de cuándo iban a ser las fechas en que serían las inspecciones del SEPRONA y de la Inspección de Trabajo, por lo que tapaban antes los vertederos, y al final unos y otros acababan en el bar privado de Fenoll.

Tiempo más tarde, en diciembre de 2011, acudió al canal Tele Orihuela a denunciar públicamente estos hechos que él conocía de este asunto de los enterramientos ilegales, pues había sido él mismo como trabajador quien siguiendo órdenes de sus jefes, tenía que realizar movimientos de tierras de determinadas fincas, para posteriormente verter ahí miles de toneladas de basura.

En enero de 2012, el pedáneo de la Murada, José Mª Almarcha, aseguró que varios trabajadores de Proambiente recogían hasta 70.000 litros de lixiviados y los reinyectaban 200 metros más arriba. Según la empresa esto no es cierto, pues existe un depósito de paredes de hormigón con paredes de 35cm y capacidad para 1.000 m3 de este residuo (Nota: en 1 m3 caben 1.000 litros, es decir, esos 70.000 litros cabrían en tan sólo 70 m3).

En febrero de 2012 la coordinadora de La Murada con su alcalde pedáneo a la cabeza, afirma que en varios lugares de la zona están rezumando los lixiviados, los cuales se estarían filtrando sin control en el subsuelo. Es más, que también se habían producido varias explosiones por la concentración de metano con fuegos, los cuales se habían prolongado durante días. Según los relatos-denuncia de los trabajadores, estos sabían que los camiones se pesaban en las básculas pero que eran directamente derivados a descargar en las fincas cercanas de Abanilla o La Murada. Según los trabajadores, en la planta solían salir lixiviados en los vasos de vertido, por lo que se abrían pozos para captarlo, ahí se metían tubos de medio metro de diámetro y ocho de longitud y eran tapados. Cuando el colector se llenaba lo pasaban a cubas de 12.000 litros, siendo llenadas cada día unas 6 o 7, es decir unos 70.000 litros.

Saber hechos tan truculentos como que se llegaban a verter contenedores de hasta 30.000 litros de lixiviados en un hoyo de un metro de hondo y éste no se llenaba, da mucho que pensar de hasta dónde ha calado este elemento líquido tan y tan peligroso. Esto es veneno puro y lo peor no es eso, sino los efectos que provoca en los campos, en los cultivos, en los productos de las fincas anexas, pues si este líquido va avanzando por el subsuelo, cada vez más y más agricultores se verán afectados por este problema sin comerlo ni beberlo. ¿Dónde irán a parar los cultivos de esta gente?.

¿QUÉ PASA CON LAS PLANTACIONES QUE HAY SOBRE LOS VERTIDOS Y LIXIVIADOS?
Si los lixiviados son tóxicos y peligrosos, aunque sólo sea por precaución, los productos hortofrutícolas plantados en dichos terrenos, al menos deberían de ponerse en cuarentena, por si acaso.

AUTO JUDICIAL EN CIEZA
En el mes de noviembre de 2011, la propia Fiscalía del TSJ de Murcia, envió un informe al Juzgado de Cieza en el que se solicitaba el cierre del vertedero como media cautelar y temporal, para así poder practicar nuevas pruebas.

En paralelo con el proceso de cierre administrativo de la CARM, el juzgado número 4 de Cieza investigó también el depósito de residuos sólidos urbanos en diversas fincas cercanas a la zona del vertedero. La denuncia había sido realizada por "Ecologistas en Acción", y pese a tener también información similar por parte del Ministerio fiscal, no fue hasta que  la Guardia Civil hizo el descubrimiento de una zanja en la madrugada del 28 al 29 de junio, la cual tenía 15 metros de largo por 4 de profundidad y 5 de ancho (300 m3), en una zona de la Sierra de Abanilla que estaba protegida como LIC, y en la cual descubrieron a 25 camiones descargando cerca de 400 toneladas de residuos sin tratar, tal cual los habían depositado los ciudadanos en las bolsas. Estos hechos motivaron que el fiscal Díaz Manzanera exigiera de nuevo la clausura judicial del vertedero por el cúmulo de sanciones. A raíz del mismo, la juez ordenó el cierre cautelar de dos vasos de vertido de la planta de Proambiente. En esta orden además se ponía al pie de los caballos los informes de los funcionarios avalados por el Consejero Campos en los cuales se afirmaba que en todo este tiempo se había cumplido la orden de clausura. Al mismo tiempo, la Consejería de Presidencia abrió un expediente sancionador por realizar estos vertidos de residuos en el vaso inicial que ya estaba clausurado. Paradójicamente, estas actuaciones judiciales le sirvieron a Fenoll para evitar tener que pagar las multas impuestas por la Administración.

PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO POR LA CARM
Tras las denuncias de Ecologistas en Acción, la Administración procede a requerir un informe técnico del Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental que es entregado con fecha 21 de enero de 2011, en el cual ya se le indica al gobierno murciano que se debería de cesar la actividad por la cantidad de irregularidades que se han detectado en la finca donde está la planta, como realizar vertidos en zonas que exceden en extensión el permiso autorizado o en otras que no tenían autorización. Este informe indicaba que habría que realizar más pruebas con sondeos y extracción de muestras, así como ensayos de tomografía eléctrica para comprobar la extensión de los residuos enterrados. Dichas pruebas se plasmaron posteriormente en un segundo informe de dicho Servicio técnico, con fecha de 7 de julio de 2011, que fue enviado al Juzgado número 4 de Cieza. En este informe se confirmaba que con una simple licencia de obra menor del Ayuntamiento de Abanilla, la empresa había procedido a extraer zahorra y arcilla para hacer el vaso número 5, así como nuevas elevaciones de terreno sobre vasos ya clausurados. En un tercer informe de fecha 9 de septiembre, se indica que aparte de las zonas de la Región de Murcia donde se habían vertido residuos, también había otras áreas del territorio valenciano donde se habían tirado basuras, aunque serían las autoridades de dicha CCAA las que tendrían que verificar este extremo.

Tras estos informes, la entonces directora general de Medio Ambiente, Teresa Navarro, procedió a ratificarlos realizando una resolución de fecha 28 de septiembre de 2011 por la que procedía a la "suspensión de la actividad, sellado y restauración ambiental del vertedero". Posteriormente desde la Consejería de Presidencia se cerró el 6 de octubre de 2011 el expediente 193/11 y en el mismo se "ordenó" a Proambiente el cierre y sellado así como la suspensión de la actividad del vertedero durante 30 años, siendo esto notificado a la mercantil, al Ayuntamiento y a Ecologistas en Acción. No obstante, dejó una puerta abierta en la que se insinuaba que el futuro de la empresa podría estar ligado al reciclaje, rebajando el volumen actual de tratamiento de basura desviando los residuos a otros vertederos, o bien autorizar una ampliación de los vasos 3 y 5. Sin embargo el empresario consideró esta resolución como "un error" por lo que desoyó esta orden de cierre, y en su recurso de alzada de fecha 21 de noviembre en el que alertaba de que el cierre conllevaría el despido de 200 trabajadores, incluso anunció estudiar reclamaciones patrimoniales y penales contra los técnicos que realizaron el informe. Además añadieron que las instalaciones seguían funcionando con total normalidad. Que tendrían que cerrar el vaso 3, que es el único que tenía licencia, pero que podrían seguir reciclando el 80% de los vertidos que reciben y transportar el resto a otros vertederos. Pero que si tuvieran que cerrarlo todo, las consecuencias serían peores, pues los municipios tendrían que pagar el sobrecoste del transporte hasta otros vertederos. Este hecho consiguió poner de acuerdo a la oposición política de Abanilla para pedir explicaciones al alcalde Fernando Molina. Por otra parte, también se movilizaron las asociaciones vecinales de La Murada, pidiendo que se agilizara la investigación de vertidos en fincas de utilidad agrícola. En febrero de 2012 el consejero Manuel Campos rechazó el recurso de la empresa pues no encontraba nada que desmintiera el informe técnico sobre los graves incumplimientos de la normativa ambiental. Según informó, la empresa se había basado en que "los vasos 3 y 5 se encontraban en proceso de autorización y tanto la evaluación ambiental como la autorización ambiental integrada deben ser previas al inicio de explotación de actividades sujetas a estos controles ambientales".


La respuesta de Ecologistas en Acción fue calificar esto como una "arrancada de caballo y parada de burro", pues no tenía sentido hacer esto teniendo en cuenta la orden de cierre y sellado del vertedero que la propia Directora Teresa Navarro había realizado, dado que se había constatado el desproporcionado enterramiento de basuras sin tratar en los distintos vasos, así como que se habían utilizado terrenos para enterrar para los cuales no se tenía autorización, como en el vaso 3 donde había permiso para 17.603 m2 y sin embargo había ocupados 39.000 m2. Según el consejero de Presidencia, tres de los cinco vasos están sellados y en proceso de restauración (1, 2 y 4), el vaso 5 está en trámite de legalización, y el vaso 3 es el único que funciona ahora mismo y dispone de la autorización ambiental integrada desde 2009.

LA DIMISIÓN DE TERESA NAVARRO


Desde que en julio de 2011 tomara posesión del cargo, pasaron siete meses hasta que María Teresa Navarro dimitió en febrero de 2012 de su puesto de Directora General, y se volvió a su anterior trabajo de profesora de Derecho Administrativo en la Universidad. Según el consejero Manuel Campos su salida había sido una decisión personal y no había sido motivada por el asunto del vertedero, pues no había habido discrepancias.


Según este otro artículo de Miguel Ángel Ruiz, la salida igual sí había estado motivada por el "miura" del vertedero de Abanilla, en cualquier caso, la profesora no estaba muy de acuerdo con la información que se había dado sobre su salida, pero ella prefirió dejar las cosas como estaban. Según el artículo de Manuel Buitrago, Teresa Navarro advirtió a Campos de que dimitiría del cargo después de que éste se hubiera reunido entre otros con el alcalde de Abanilla Fernando Molina, el Director General de Administración Local, José Antonio Blasco, y un representante de la empresa de Fenoll, que querían que se levantara la suspensión del vertedero por el perjuicio económico y laboral que ocasionaba al municipio, lo cual conllevaba que el consejero le enmendara la plana a Teresa Navarro. Según Buitrago, el consejero le echó la bronca porque los políticos de Abanilla le convencieron, y ella le dijo que iba a dimitir por motivos profesionales.

DEBATE EN LA ASAMBLEA REGIONAL
El 15 de febrero de 2012 compareció el consejero de Presidencia Manuel Campos, para responder sus inquietudes al PSRM y a IU sobre el cierre del expediente 193/11. Además de estos, también estaban presentes en el hemiciclo dos concejalas del PSOE de Abanilla y el alcalde de Orihuela, el cual no quedó muy satisfecho con las explicaciones de Campos, y de hecho exigió al Consell que actuara pues temía que la CARM iba a autorizar el vaso 3.  Al resto de ciudadanos que acudieron a escuchar no se les permitió la entrada. En sus declaraciones, Campos admitió que quedaba acreditado que Proambiente había depositado 13.500 toneladas de residuos sin "tratamiento previo" sobre los vasos 1 y 2 (que estaban sellados) pero aseguró que la CARM había iniciado las actuaciones necesarias para impulsar la restauración ambiental de la Sierra de Abanilla con el fin de recuperar y restaurar su entorno natural. Que tras la resolución de cese de la actividad de la Dirección General de Medio Ambiente, él mismo había enviado esto en una Orden con fecha 16 de diciembre de 2011 instando a que la empresa realizara un proyecto de sellado y restauración ambiental de la zona. Según el consejero Campos, la empresa ya había presentado un estudio preliminar que sería la base de dicho proyecto. Campos declaró que Proambiente estaba cumpliendo escrupulosamente el cese de la actividad y que ya no estaba vertiendo residuos sólidos ni en el vaso 3 ni en el 5 que se está tramitando su autorización. Además añadió que la empresa "restaurará, compensará e indemnizará" por los vertidos ilegales de 117.900 toneladas de residuos con el fin de recuperar y restaurar el entorno natural. Sobre el tema del recurso que había presentando la empresa contra el cierre, dijo que se tendrían en cuenta los 260 empleos que generaban. Por otra parte, según un informe del fiscal, el vaso 3 pese a la evidente ampliación que se había hecho, no estaba dentro del LIC, por lo que penalmente no sería relevante.

Por parte del PSOE, el encargado de dar la réplica fue el diputado socialista Francisco Abellán responsable de medio ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, el cual tachó la gestión del vertedero como un ejemplo de desastre ecológico, ilegalidades y corrupción. También aseguró que el vertedero estaba recibiendo residuos a pesar de la orden de cese de actividad, y que estaba utilizando la puerta de atrás de Orihuela para seguir vertiendo".

Decir aquí en este punto, que unos días antes, Francisco Abellán difundió (o al menos fue él quien hizo la rueda de prensa) una nota de prensa en la que denunciaba las numerosas irregularidades del vertedero. En mi opinión, varios de los datos que se dan en esta nota de prensa, como por ejemplo el cálculo orientativo de los beneficios teniendo en cuenta los precios que cobraba y las toneladas recibidas, fueron "presuntamente" copiados del artículo que yo mismo había realizado el año anterior, pues hasta ese momento nadie los había hecho. Y si fue así, personalmente me parece muy bien que se tomara dicho artículo para entender las cosas y tomar datos, pero también me habría gustado que me pusieran un comentario debajo diciendo que "muchas gracias por el trabajo" o incluso me lo hubieran enviado en un correo privado. Pero nada de esto ocurrió.

Le respondió a Abellán el diputado popular Víctor M. Martínez, quien solicitó al gobierno autonómico "determinación y contundencia" para solucionar el problema del vertedero de Abanilla. Así, confió en que se resolvieran cuanto antes los trámites administrativos (cese de actividad y ampliación del vaso 3 si era viable), así como que se mantuvieran los puestos de trabajo rescatando las "zonas legales" del vertedero.

El colectivo de Ecologistas en Acción mostró sus dudas por el cierre efectivo del vertedero, dado que seguía habiendo actividad en el mismo, pero la propia Dirección General de Medio Ambiente les respondió que dicha resolución no contenía errores, ni contradicciones ni creaba confusión en relación a la ejecutividad de las medidas adoptadas. En este sentido, se indicó que los técnicos de inspección "estaban alertas para si había constancia de actividad en la empresa, tomar medidas".

Un mes después, el 27 de marzo de 2012, realizó ocho preguntas en la sesión de la Asamblea Regional, referentes al uso irregular de la red Natura 2000 que Proambiente realiza en Abanilla. Unos meses más tarde, a finales de junio de 2012 realizó una rueda de prensa en la que se preguntaba sobre la frase del consejero Campos sobre el "presunto compadreo del Ayuntamiento de Abanilla y PROAMBIENTE" e hizo que se cuestionara sobre qué clase de compadreos se estaba hablando, así como que desde el Gobierno regional se estaba protegiendo el interés económico de esta empresa. Así, la responsable de Medio ambiente del PP, Ascensión Carreño, le respondió que consideraba temerario que el PSRM opinara sobre la reapertura del vertedero, dado que no conocían la declaración de impacto ambiental.

AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO
Debido a la medida de suspensión de la actividad de la Dirección Gral. de Medio Ambiente de fecha 28 de septiembre de 2011, y dadas las dificultades para poder realizar los vertidos, la empresa realiza un proyecto para que se aprueben en el Pleno una serie de correcciones cartográficas y de clasificación del suelo que a su vez le habían sido requeridas por la Dirección General de Medio Ambiente en el expediente 154/09, con el objetivo de poder así ampliar el vaso 3 también conocido como "Abanilla-Crevillente". La empresa aprovecha el contenido de la orden de 21 de diciembre de 2007 de la misma Dirección General de Medio Ambiente, la cual exigía ya de antes la modificación del espacio Red Natura 2000 LIC de la Sierra de Abanilla. Esta solicitud de modificación de la medida de suspensión fue recibida en dicha Dirección Gral. el 21 de noviembre de 2011. Esta modificación cartográfica que promovía la mercantil, realmente lo que pretendía de forma subyacente era realizar oficialmente una modificación del LIC de la Sierra de Abanilla del cual reconocían que habían tomado 347.366 metros cuadrados pertenecientes a la Red Natura 2000, para así poder realizar vertidos en dicho vaso 3. Modificación que presuntamente ya habían hecho realmente antes, pues según el segundo Informe del Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental de fecha 7 de julio de 2011, así como también en la propia documentación de la empresa, ésta ampliación del vaso 3 ya se había hecho. Es decir, querían legalizar lo ya realizado ilegalmente.
Pero es que en el Pleno extraordinario donde esto se aprobó posteriormente el 11 de abril de 2012, (descargar borrador del acta) además de llevarse este punto de esta modificación cartográfica, que es algo que había que hacer sí o sí, el PP aprovechó para mezclarlo todo en una misma votación y también llevaron dos asuntos más, que fueron el emitir una nueva cédula urbanística para el vaso 3, ya que la anterior la habían emitido el 15 de noviembre de 2011 sin pasar por Pleno, diciendo que dicho vaso estaba dentro de los usos previstos del PGMO, cuando a la vista está que no era así. Y un tercer asunto, incorporar estas modificaciones, así como el resto de deficiencias al PGMO.

El grupo popular ya se ha dicho que votó a favor con sus 6 de sus 7 concejales a favor de todo esto y de que siguiera funcionando el vertedero, y el grupo socialista votó con 4 de sus 5 en contra, porque estaban en contra de que se siguiera ampliando, ya que lo que querían es su cierre total y "que se lleven la mierda a otro sitio", y esto según la portavoz Mª José Atienza, "no era más que otra chapuza para seguir dándole manga ancha a este problema". La opinión de IUMA fue que votar en contra, como había hecho el PSOE, era estar también en contra de la corrección cartográfica, es decir, el mantenimiento del deterioro que se estaba haciendo ya de la Sierra de Abanilla, y votar a favor era seguir dejando al empresario hacer lo que quisiera, por lo que se optó por el término medio de abstenerse. Dicha abstención, pese a no tener importancia numérica, tuvo más repercusión entre algunos ciudadanos de lo que se habría imaginado en un primer momento, pues no se entendió que su concejal Mª Dolores Saurín se abstuviera en un asunto tan importante como era este en el que el PP daba vía libre a Fenoll para seguir vertiendo más basura. El sentido de este voto fue posteriormente explicado en la segunda parte de la nota de prensa en la que fue absuelta del asunto Brugal, en una posterior nota de prensa, así como también en el Pleno del 16 de julio de 2012. Increíblemente, en vez de indignarse con el PP, que era quien había aprobado esto, la indignación fue con Mª Dolores, por abstenerse y no estar en contra. Posiblemente porque ya se sabe que del PP no se podía esperar otra cosa, e igual sí se esperaba de Mª Dolores. En este sentido, días después de este Pleno, la fachada de la casa del alcalde amaneció llena de huevos y de restos de heces.

La decisión mayoritaria del PP de Abanilla en el Pleno fue ratificada posteriormente por la Consejería de Presidencia de la CARM, lo cual en principio entraba en contradicción con una orden anterior que indicaba la paralización de la planta, aunque según Campos estas dos resoluciones eran compatibles y además no había "ninguna razón técnica o legal para no aprobar dicha ampliación." Además señaló que la Comunidad hacer revisiones "periódicas y permanentes" del vertedero para "evitar vertidos". Mientras que este anuncio de ampliación del vaso 3 provocó el anuncio de protestas por parte de la plataforma Vertivega como manifestaciones en el vertedero, la calificación de "escándalo" por parte de IU, y el diputado del PSOE Francisco Abellán dijo que "estas acciones ponían de manifiesto el compadreo entre Proambiente y el Gobierno regional durante los últimos 12 años", pues "el gobierno se lo había consentido a Proambiente todo lo que había querido provocando así el mayor desastre ecológico del Arco mediterráneo. Por estas razones Abellán pidió la comparecencia del consejero Campos en la Asamblea para que explicara las razones de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del vaso 3.

Sin embargo no fue así por parte del PP de Abanilla, que en palabras de su portavoz Pascual Martínez, "se alegraba porque en la línea de reciclaje, recogida, compost y de limpieza hay mucha gente trabajando". Cientos de familias de Abanilla. Los dos partidos de la oposición en Abanilla, tanto PSOE como IUMA, manifestaron que presentarían alegaciones a dicho proyecto de ampliación. Según José Antonio Cutillas, porque "el vertedero es un problema de salud pública y la ampliación es un disparate, porque ya existe la posibilidad de que los lixiviados hayan contaminado las aguas subterráneas de Abanilla". Por su parte, Mª Dolores Saurín manifestó "su respeto a las leyes, al proceso judicial abierto en Cieza contra el vertedero y la resolución del cierre de Presidencia, así como a los puestos de trabajo y al medio ambiente", pero que aún así alegaría también.

A principios de julio, el secretario de ordenación del territorio del PSRM, Marcos Ros, exigió que se paralizara la la autorización de funcionamiento del vertedero mientras que no se resolviera el procedimiento judicial contra la empresa.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE CON AMADOR LÓPEZ
En junio de 2012 la Dirección General de Medio Ambiente dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el vaso 3, la cual permitía poder seguir recibiendo residuos durante unos 7 años y 76 días más, pero aún le faltaba la Autorización Ambiental Integrada (AAI), sin la cual no podía volver a realizar ningún tipo de vertido. La condición para que las instalaciones de la planta de vertido de PROAMBIENTE pudiera abrir sus puertas de nuevo, era que obtuviera la AAI, pero según la Consejería, a mediados de julio aún no había presentado toda la documentación requerida, con lo que las cosas se le ponían más difíciles.

Sin embargo las actuaciones del SEPRONA a finales de junio de 2012 al descubrir el vertido de 400 toneladas de basuras también tuvieron su efecto administrativo, pues motivaron la revisión de oficio de la declaración de impacto ambiental favorable a la ampliación de las instalaciones, así como la apertura de un expediente sancionador por realizar vertidos en el vaso inicial que ya estaba clausurado.Y es más, si estos vertidos fueran catalogados como infracción grave, la sanción iría de los 10.001 € a los 100.000 €, y si fuera muy grave, de los 100.001 € al 1.000.000 €. Dependiendo de la gravedad podrían suponer la revocación de la DIA.

En junio de 2012 la mercantil realizó una propuesta de evaluación de riesgos para la instalación que está protegida por el LIC de la Sierra de Abanilla, así como el Plan de restauración de los espacios afectados por el vertedero. Teniendo en cuenta la orden de clausura así como la prohibición judicial de realizar vertidos en dichas instalaciones, el Consejero Manuel Campos se aventuró a decir que las posibilidades de que se reabrira el vertedero, eran mínimas. En este sentido, presuntamente el Consejero dijo que "se iban a acabar los compadreos entre el Ayuntamiento de Abanilla y PROAMBIENTE". Dos meses después, el 1 de agosto el nuevo Director General de Medio Ambiente, Amador López dio a conocer el resultado negativo de sendos informes técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente, que negaban la posibilidad a PROAMBIENTE de volver abrir, por lo que mientras no subsane las deficiencias debe permanecer clausurada en casi su totalidad. Es más, la actividad fuera de la ley de la empresa había causado daños al medio ambiente, lo cual le costaría 1.869.000 € en inversiones, cantidad que la empresa pretendía realizar en diez años, pero que les dijeron que más bien fuera en la mitad.

Previamente a reunirse con miembros de IUMA, en agosto de 2012 el Consejero de Presidencia Manuel Campos, confirmó que no se vertían residuos desde septiembre en dicho vertedero. La noticia no lo aclaraba pero se suponía que se refería a septiembre de 2011, y teniendo en cuenta todo este asunto, creerse eso es algo para lo cual se requiere hacer un acto de fe.

LO QUE DICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ABANILLA
En el PP, el partido en el poder desde 1987, tienen claro que para bien o para mal, Fenoll es alguien que fue muy bueno, que creó empleo y aportó mucha riqueza al pueblo, y que ahora no saben cómo esconder debajo de las alfombras. Y es que a pesar de todas las evidencias, el alcalde de Abanilla siempre lo ha protegido a capa y espada pues sus relaciones según el sumario del caso BRUGAL siempre fueron más que cordiales, y de hecho Fenoll presumía de tener el poder sobre el Ayuntamiento y Fernando. Así que cuando se empezó a mover este asunto mediáticamente, en agosto de 2010 Fernando Molina decía que la planta tenía todos los permisos, y que no empezó a verter hasta que tuvo la licencia (luego se demostró que eso era mentira), posteriormente la postura del PP ha ido desde la defensa y protección del empresario y su actividad, porque creaba muchos puestos de trabajo que había que mantener, hasta asumir que se haría lo que dictara la justicia.

Una vez conocida la orden de cierre de la Dirección General de Medio Ambiente, el alcalde Fernando Molina mostró su preocupación por las 250 personas -la mayoría de Abanilla- que estaban trabajando allí y que se podrían ir a la calle si se cerrara el vertedero.

Desde el PSOE, una vez pasados los años 2003-2005 en que se intentó mantener apartado al empresario de la actividad política local así como reconvertir sosteniblemente la empresa para que funcionara sin contaminar tanto, oportunidades que había rechazado una detrás de tra, y que luego encima dieron lugar al rocambolesco asunto de la financiación ilegal del partido, con los años y el cambio de caras en la agrupación, también cambian las posturas frente al mismo. Así, se pidió la creación de una comisión informativa en el pleno del 21 de noviembre de 2011, según su entonces portavoz José Antonio Cutillas, para así "articular una respuesta única de los tres partidos políticos de Abanilla frente a la actividad irregular y delictiva de Proambiente". La respuesta del PP que ostenta la mayoría fue un no rotundo "porque no hay motivos". Sin embargo Fernando Molina sí reconoció haber realizado diversos viajes para reunirse con el consejero Campos, para intentar minimizar las consecuencias de un posible cierre, que repercutiría en la pérdida de unos 200 puestos de trabajo directos e indirectos.

En el pleno del 21 de mayo de 2012, el grupo socialista llevó una Moción para pedir que la Consejería de Sanidad realizara un estudio medio ambiental que analice el estado del suelo, aguas subterráneas, gases y olores en el municipio que pudieran estar contaminados por la cercanía del vertedero de Proambiente. El segundo punto de dicha Moción fue retirado, porque solicitaba enviar los resultados de este estudio ante la Unión Europea, y según la portavoz, fue retirado porque no tenía sentido. No obstante y dado que tan sólo unos días después fue la visita del eurodiputado Andrés Perelló, la repercusión mediática en ese sentido estaba asegurada.

Por parte de IUMA, en el Pleno del 16 de julio, Mª Dolores Saurín propuso la convocatoria de una consulta popular (referéndum) para conocer la opinión de los ciudadanos sobre si el Ayuntamiento debe apoyar la continuidad de la Proambiente o su clausura total y definitiva. Desde las filas del PSOE, la portavoz Mª José Atienza le respondió que ellos no iban a apoyar dicho referéndum de preguntar al pueblo, porque no les hacía falta, ya ellos sabían perfectamente lo que ellos querían, que era el cierre definitivo del vertedero porque lo primero es la salud. En otras palabras, que si como mantenían, lo que allí ocurría era totalmente ilícito, no se podía realizar un referéndum sobre un delito.

El miércoles 8 de agosto de 2012 la portavoz de IUMA, Mª Dolores Saurín acudió junto con dos colaboradores a una entrevista con el Consejero de Presidencia Manuel Campos, el cual le informó que según se derivaba de los informes preliminares de los líquidos de los lixiviados, éstos no eran tóxicos, aunque aclaró que este era un avance provisional y habría que esperar a los resultados definitivos. No obstante no eludió el hecho de que a pesar de todo, eran lixiviados que si se produjeron contrariando la orden administrativa, tendría su sanción correspondiente por parte de la CARM y la Justicia si se consideraba que había habido delito medio ambiental.

La portavoz de IUMA aprovechó la entrevista de hora y media, para trasladarle su preocupación y exigencia de la protección del LIC de la Sierra de Abanilla, la devolución a la misma del terreno que se le había usurpado, su rehabilitación, restauración y revegetación; que el Ayuntamiento elaborase una relación de vertederos ilegales o incontrolados que hay por todo el municipio. Ante las muchas suspicacias sobre la postura de IUMA al respecto de defender que se mantenga abierto, aclaró que en ningún momento defendió a los gestores de la empresa PROAMBIENTE, cuya gestión roza las tácticas mafiosas, pero que en estos tiempos de recesión económica y desempleo, es necesaria dicha actividad. El problema es que esta actividad es incompatible con la gestión que se ha venido haciendo estos años, de ahí la exigencia para que se cumpla la ley medioambiental y de protección del medio natural, la defensa de la salud de las personas y la lucha contra el delito ecológico. Todas estas cuestiones estaban recogidas en el PLAN DE MEDIDAS, que fue presentado como Moción en el Pleno del 16 de julio, y que fue votado en contra tanto por el PP como por el PSOE. Por último IUMA exigió al Consejero que se limpiasen todas las zonas contaminadas donde el SEPRONA había demostrado que habían cientos de toneladas de basura. El Consejero Campos respondió que se había pedido la responsabilidad civil pero que este asunto estaba en el juzgado.

Por su parte Izquierda Unida (IU) anunció que llevaría al Congreso de los Diputados este asunto de la inspección del vertedero, a través de su diputado nacional Ricardo Sixto.

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
Si bien ya en 2010 desde el PSOE de Orihuela, su portavoz municipal Antonia Moreno pedía el cierre del vertedero por los olores que generaba en la cercana pedanía de La Murada, es a partir de las elecciones municipales de 2011 cuando se desaloja al PP Mónica Lorente de la alcaldía y toma el poder el equipo del tripartito (Los Verdes-PSPV-Centro Liberal Renovador CLARO) cuando se toman realmente medidas contra el vertedero. Actuaciones que se ponen en peligro tras la fuga de CLARO del edil Bob Houliston y la salida en junio de 2012 de los seis miembros del PSPV.

Si durante la etapa del PP todo habían sido connivencias, ahora se le da la vuelta a la tortilla, por lo que surgen los enfrentamientos. Así, Fenoll reclama al Ayuntamiento 16 millones de euros en facturas impagadas, por lo que desde la alcaldía comienzan a tomarse una serie de acciones para investigar cuánto hay realmente de real detrás de estos pagos, dado que se llegó a estar dos años sin pagar una deuda de 2,5 millones de euros por el canon de reciclado a la UTE, en febrero de 2012, como medida de presión Fenoll incluso les cerró la entrada del vertedero a los camiones de esta UTE de Orihuela por lo que no pudieron seguir recogiendo más días. Según el hermano de Fenoll, la respuesta del Ayuntamiento fue la prohibición por parte de hasta 40 policías del acceso al vertedero de los camiones provenientes de Torrevieja, Albatera, Abanilla y Fortuna. En este tiempo de tripartito, desde el Ayuntamiento de Orihuela el concejal de Medio Ambiente Manuel Culiáñez mostró su satisfacción por el cierre administrativo realizado por la Consejería de Presidencia en octubre de 2011, y posteriormente también se mostró a favor del cierre cautelar dictado por el juzgado de Cieza. Además, dicho concejal pidió en el mes de julio de 2012 que la propia Consellería impidiera la ampliación del vaso 3 que había sido autorizado por la Comunidad Autónoma de Murcia, puesto que la mayoría del espacio del mismo estaba en territorio de Orihuela.

En julio de 2012 una comitiva encabezada por el alcalde Monserrate Guillén se desplazó hasta Valencia para reunirse con el Director General de Medio Ambiente, Vicente Tejedo, e informarle de las gestiones que habían realizado respecto al problema del vertedero, así como instarles a personarse también en la causa que investiga el juzgado número 3 de primera instancia de Orihuela. Tejedo sabía de lo que le estaban hablando ya que él mismo había visitado algunas zonas de enterramientos unas semanas antes a final de junio, tras las quejas de Vertivega. En dicha ocasión Tejedo realizó la visita a la zona junto con miembros del PP como la eurodiputada oriolana Eva Ortiz o el diputado alicantino Andrés Ballester, los cuales pudieron oler el ambiente que se respira en la zona, así como llevarse una botella con lixiviados de recuerdo. Tras dicha visita, informaron que estudiarían personarse en la causa judicial. Posteriormente se reunieron con el Consejero de Presidencia y Medio Ambiente de Murcia, Manuel Campos, el cual le confirmó que resolvería la situación de la posible suspensión de la actividad en la planta antes del 1 de agosto, pues actualmente el empresario ya sólo contaba con el apoyo del alcalde de Abanilla Fernando Molina. De todas estas actuaciones dio cuenta posteriormente en el Ayuntamiento.

En junio de 2012, IU-Verdes en colaboración con Esquerra Unida del País Valencià, presentó una iniciativa en la Comisión de Interior del Congreso a través de su diputado Ricardo Sixto, para esclarecer cómo se van a llevar a cabo las labores de inspección del vertedero. Un mes más tarde, en julio de 2012 los diputados de Compromís Mireia Mollá y Joan Baldoví visitaron el Ayuntamiento de Orihuela para informar al alcalde Monserrate Guillén de las preguntas que iban a realizar tanto en las Cortes Valencianas como en las Generales, respectivamente.Estas preguntas irían relacionadas con la comercialización de los cítricos y las medidas que se pensaban tomar, así como con la posible contaminación de los acuíferos de los que bebe mucha gente.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Orihuela (Los Verdes-PSOE) mantenía que el vaso número 5 así como siete de las instalaciones que no tienen licencia de actividad sí está en territorio de Orihuela, por lo que a mediados de julio de 2012 el concejal de urbanismo Antonio Zapata se dirigió al Ayuntamiento de Abanilla para consultar cuáles de esas instalaciones tenían licencia concedida allí, si es que la tenían, y si así era, que desistieran de sus competencias, pues estaban ubicadas en territorio de Orihuela, y dado que tras numerosas ocasiones tan sólo recibió una cartulina con la licencia de apertura, es por lo que decidió abrir un expediente sancionador a la empresa, y es que al aclararse por fin al cabo de los años qué zonas estaban en Murcia y cuáles en Alicante, las que estaban en el territorio alicantino debían tener permiso de Orihuela, cosa que no se había hecho, por lo que Antonio Zapata procedió a reclamar dichas licencias y en caso de no existir, proceder al cierre. Así que mientras tanto no se resolvía el asunto se decidió colocar a varios agentes en la puerta principal para mantenerlas cerrada. Así, el concejal Antonio Zapata dio los primeros pasos para tratar de clausurar aunque fuera provisionalmente la actividad en los vasos de vertido. El resultado de las mismas serán sanciones de entre 50.001 € y 300.000 € por cada una de las siete instalaciones ilegales. Según los posteriores cálculos, la cifra total de estas multas que pondría este Ayuntamiento, sería de unos 2,1 M€. En este sentido, y para arreglar la situación, desde el Ayuntamiento se manifestó que se veía con buenos ojos el movimiento de los otros cuatro hermanos de Ángel Fenoll en relación con el propósito de cambiar de actitud y respetar la ley vigente, así como de querer quitar a Ángel de la dirección de la empresa. Unas semanas después de comunicada la apertura de expedientes y solicitadas las licencias, desde Proambiente admitieron de facto que no tenían dichas licencias puesto que se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para proceder a la legalización de las mismas. Aún así enviaron alegaciones a los siete expedientes sancionadores.

Esta plataforma ciudadana nació motivada por el descontento de ciudadanos de la pedanía oriolana de La Murada y desde su inicio asumió el reto de denunciar públicamente los supuestos enterramientos ilegales de basuras en fincas agrícolas.

Entre sus mayores actos sociales se pueden citar la convocatoria de una concentración en La Murada el 31 de marzo en la plaza de la iglesia, a la cual acudieron unas 600 personas, en la que se pedía el cierre de las instalaciones de la planta, y se anunció una gran movilización para manifestarse el día 21 de abril en Murcia. Previamente a esa, se realizó otra concentración el 8 de abril frente a las puertas del vertedero. Unos días después, el 11 de marzo un centenar de vecinos principalmente de La Murada, se concentraron frente al Ayuntamiento de Abanilla, donde se realizaba un Pleno Extraordinario, en el cual el PP dio vía libre al proyecto de ampliación del vertedero. Al término del mismo se increpó y se abucheó al alcalde del municipio, lo cual debió afectarle bastante, pues anunció por enésima vez que no se presentaría a las próximas elecciones.
 

El salto se consigue cuando cientos de personas vecinas de Abanilla y La Murada realizaron la manifestación del 21 de abril por las calles de Murcia para manifestar su rechazo a la polémica decisión de ampliación del vaso 3 del vertedero. Así se consiguió dar algo más de importancia a la problemática local de la zona. (ver galería de fotos de la opinión)

La plataforma ciudadana Vertivega, consiguió que el eurodiputado socialista Andrés Perelló visitara el 24 de mayo la zona de los terrenos cercanos al vertedero junto con una comitiva de diputados y demás concejales de Orihuela, terrenos donde se habían vertido toda clase de basuras. Y allí pudieron sentir in situ los olores y las sensaciones que se les habían explicado previamente que iban a ver y sentir. Según declaró posteriormente Perelló, se trata "del escándalo mayor que ha podido ver hasta ahora en Europa, un escándalo de proporciones descomunales, que ha necesitado una red de cómplices". Asimismo añadió que "allí se había cometido por parte de alguien un acto criminal, continuado, y de efectos retardados, sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas, y también sobre la economía de esta tierra". En la mesa redonda que organizó el PSRM, se anunció que se denunciaría la gestión de los residuos del vertedero en el Congreso y en la UE. A raíz de esta visita, el PSOE anunció que denunciaría ante la UE el vertedero de AbanillaPerelló instó posteriormente a la Comisión Europea para que informara sobre su grado de conocimiento sobre este asunto, así como las infracciones europeas que se pudieran estar cometiendo. Además, entre las medidas a realizar, señaló que se investigarían si se realizaban aportaciones del fondo europeo a este proyecto de tratamiento de residuos. A raíz de estas denuncias, la UE abrió expediente en el mes de septiembre para investigar el vertedero.


Noticia sobre la petición de Perelló a la Comisión Europea


Después de haber pasado por la zona de los enterramientos ilegales diversos miembros del PSOE murciano como María González Veracruz o el portavoz del Grupo Mixto José Antonio Pujante, en junio de 2012 se dirigieron al registro del Ayuntamiento de Orihuela para pedir que los miembros del PP también participaran en esta ruta de los lixiviados. Posteriormente se dirigieron al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, cuyo titular Vicente Tejedo se desentendió por considerar que la planta de residuos está en Abanilla, por lo que debían de dirigirse a la Comunidad Autónoma de Murcia. Finalmente se realizó dicha visita el viernes 29 de junio junto con más cargos políticos del PP. Estos dijeron que estudiarían personarse en la causa por los vertidos ilegales.

Para el domingo 8 de julio organizaron una charla en la plaza del Ayuntamiento de Abanilla, así como una manifestación desde La Murada hasta el vertedero el 14 de julio, que dio comienzo al "Campamento de la Salud".


En agosto la plataforma reivindicó que se realizara un estudio de la salud pública en las localidades afectadas por el vertedero, como lo son Abanilla y La Murada, puesto que según sus informaciones se habían producido un aumento de enfermos de cáncer, los cuales consideraron que podían estar provocados por los enterramientos ilegales en las fincas agrícolas. Dicha sospecha viene dada tras haberse detectado numerosos casos de cáncer que se salen de la ratio "habitual", es decir, que mientras lo normal suele ser el 0,50% de afectación, aquí sería el 1,42% sobre 3.500 habitantes, y en Los Vicentes sería el 1,39% sobre 2.300 habitantes. Sin embargo esta acusación ni es gratuita ni tampoco nueva, pues ya en el Pleno del Ayuntamiento de Abanilla del 11 de abril donde se aprobó la ampliación, ya hubo quien dijo esto mismo, y según la web de IUMA, hasta se dijo la cantidad de 32 nuevos casos de cáncer en mujeres jóvenes, llegando a relacionarse este hecho con la presencia del vertedero.

CAMPAMENTO DE LA SALUD
Para el día 14 de julio se realizó una excursión de vecinos de La Murada y Abanilla hasta las puertas de la planta del vertedero, con el fin de quedarse allí un grupo de personas hasta el cierre definitivo de la misma, haciendo turnos de ocho horas. El objetivo era la defensa de la salud de todos por encima del beneficio económico de unos pocos. Los acampados de el "Campamento de la Salud" pretendían demostrar que pese a no tener permiso para verter, sí lo hacía, teniendo en cuenta que si entraban 100 camiones y salían 95 vacíos, la basura estaba en alguna parte. El objetivo era el de ir anotando la cantidad de camiones que llegaban al lugar, así como sus matrículas y localidad de procedencia. Acompañados de la Guardia Civil y la Policía Local, los vehículos accedieron hasta la zona y posteriormente siguieron a pie hasta la misma puerta del vertedero. Con esta información se pretendía demostrar que el empresario se estaba saltando la orden de cierre de la planta impuesta por la Consejería de la Región de Murcia. Pese a la victoria cautelar de "Ecologistas en Acción" en los juzgados, los acampados siguieron allí hasta que se produjera la confirmación definitiva. El primer día que llegaron, contabilizaron hasta 120 camiones, cantidad que se fue reduciendo hasta llegar a los 70 y finalmente con el cierre de dicho acceso, a ninguno. Este campamento se levantó el día 4 de agosto tras tres semanas de bloqueo a las instalaciones de Fenoll. Tras una asamblea de los acampados, acordaron que con el cierre cautelar de la jueza de Cieza, es la Justicia y la Policía quien debe actuar para investigar la procedencia y la composición de los lixiviados aparecidos cerca de los enterramientos realizados de manera incontrolada. Durante los días que estuvieron, según los trabajadores de la planta se realizaban botelleos y hasta un concierto.



Curiosamente, fue la mercantil Serrano Aznar Obras Públicas la empresa adjudicataria de las obras de ensanche y mejora de la carretera CV-872 que une La Murada con el vertedero. Una carretera que no va a ninguna población pero que sí que sufría el tránsito de docena de camiones de gran tonelaje que se dirigían al vertedero. El procedimiento de las obras fue tramitado por el anterior presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll en 461.852 €, pero fue definitvamente adjudicado por el alcalde de Crevillente César Augusto Asencio en octubre de 2011, cuando la sombra del cierre del vertedero se cernía sobre él.



CESE Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN ORIHUELA
Teniendo en cuenta el informe de la ubicación exacta de las instalaciones de la empresa en suelo oriolano, y la no petición de permiso para dicha actividad, el Ayuntamiento procedió a la ejecución del cierre de las instalaciones sin licencia de la planta por parte de la policía local en la entrada de Orihuela. Pese a haber recibido la orden de cierre el 24 de julio, la empresa se negó a cerrar la entrada y exigió una orden judicial para entrar en la planta y precintarla (ver album de fotos).

Motivado por todas estas acciones administrativas y judiciales en su contra, Fenoll pidió al juez que cesaran las coacciones policiales, pues mientras que los agentes estaban desviando los camiones y ordenándoles dar la vuelta, se paralizaba la actividad en la planta lo cual le perjudicaba económicamente. Así, mientras llega y no llegaba, fue la policía quien en los primeros días de agosto de 2012 procedió al cierre de la puerta por Orihuela, no sin protestas por parte de los trabajadores.

Estos trabajadores son los que temen por la continuidad de sus trabajos, los cuales le guste más o menos, al menos le sirve para llevar algo de dinero a casa. Así, es normal que se opusieran a la clausura del vertedero y bloqueasen las puertas como hicieron cuando la policía procedía al precinto de la misma. Evidentemente a pesar de las presiones de los 50 empleados que defendían su pan, no lo consiguieron.

Una vez cerrada la puerta de la empresa en Orihuela, la solución de la empresa fue que dieran un rodeo de 20 km hasta la entrada de la planta en el término de Abanilla, lo cual indicaron, alargaba el recorrido en una hora para los cerca de 100 camiones de la veintena de poblaciones que van a descargar allí los residuos, lo cual encarece el coste de traslado. Desde entonces, ni un solo camión accedió por esta puerta al recinto. Para el alcalde de Orihuela Monserrate Guillén, esto no es más que el cumplimiento estricto de la ley de cerrar unas instalaciones que no disponen de autorización y que además nunca la han solicitado. Una vez que las puertas por Orihuela están cerradas y vigiladas, lo único que está permitido ahora mismo es la actividad de reciclaje para la cual se puede entrar por la puerta que está en Los Carrillos, pedanía de Abanilla.



La ciudadanía también se movilizó desde las redes sociales, y así, se creó una petición online para pedir el cierre del vertedero. Dicha petición se puede hacer firmando esta petición online

La pelota por tanto ahora está en el Ayuntamiento de Abanilla y en su alcalde, que aunque oficialmente digan en el PP que acatarán lo que diga la ley, hasta ahora por lo único que se ha caracterizado es por favorecerle en todo lo que necesitara, así como en ayudarle en las gestiones con la Administración pública regional.

PESAJE E INFLAMIENTO FRAUDULENTO DE LOS CAMIONES DE CALPE
Toda esta maraña de denuncias y mala imagen, incluida la de las grabaciones en las que presuntamente se daba dinero al ex alcalde de Calpe y diputados y concejales para contratar con Fenoll, provocaron lejos de pagarle los ayuntamientos a la empresa las presuntas deudas millonarias, que por ejemplo el Ayuntamiento de Calpe en Alicante rompiera en agosto de 2012 el contrato que habían firmado con COLSUR en 1998 puesto que entendían que la empresa les había estafado 6 millones de euros en el pesaje de los residuos. Esto se comprobó cuando el Ayuntamiento procedió al cambio de empresa con Accionaen la planta de El Campello les dijeron que a lo largo de tres días, sus basuras pesaban de media 76 toneladas al día, y no 233 como venían pesando en la planta de Proambiente, es decir, el triple. Y es que así, bien puede decir Fenoll que cobra la mitad o tres veces menos que otros vertederos, si luego lo que hacía presuntamente es inflar el peso de los camiones. Y es que si esto fuera así, tendríamos que la empresa de Fenoll le habría estado pasando facturas por 157 toneladas de más al día, durante 4 años. Si cobraba la tonelada compactada a 29,88€, el presunto fraude habría sido bastante más de esos 6 M€. Si tenemos en cuenta que en Calpe se recoge la basura todos los días de la semana, multiplicado por 157 toneladas, serían 57.305 toneladas pesadas de más al año, multiplicadas por 14 años (en principio, pues no sabemos cuándo se habría empezado), 802.270 toneladas, que multiplicadas por 29,88€, darían 23,97 M€, que viene a ser casualmente lo que Fenoll reclamaba a dicho Ayuntamiento en febrero de 2012. Es decir que si fueran listos, vistas las pruebas, no se lo pagarían. Lo único que habría que saber exactamente para modificar dicha cantidad, es desde cuándo les hacían trampas inflando los pesajes de los camiones.

FENOLL CONTRA FENOLL
Que las relaciones entre los propietarios de la empresa, la familia Fenoll, no eran buenas, era algo que se venía rumoreando desde hacía tiempo. Pues pese a que todos los hermanos y un cuñado, tenían la misma parte de la empresa, quien realmente tomaba las decisiones importantes era Ángel, así, tras conocerse un comunicado de los otros hermanos, que estaban dispuestos a retirarlo por la mala imagen que se estaba dando de la empresa por su culpa, supuestamente con la intención de así rebajar las posibles sanciones que fueran a imponer a la empresa, pero enseguida Ángel anunció que plantearía batalla para impedirlo, y que su labor era la de mero gerente del día a día, labor en la cual nunca había ordenado ni consentido ninguna actividad ilícita en la empresa.

TRAMA NAPOLITANA
En septiembre de 2012 salió a la luz en la revista Interviú que la UDEF estaba investigando la posible relación de Fenoll con la camorra napolitana, encargada de la recogida de la basura en dicha ciudad, pues al parecer habían recibido un correo electrónico  de alguien que les informaba de la llegada de una serie de camiones hacía un años, el 31 de julio de 2011.
A pesar de todo esto, el Consejero de Presidencia y Medio Ambiente, declaró tras reunirse con el alcalde del municipio, que "parecía poco probable que trajeran basura desde Nápoles", pues si hubiera ocurrido algo así, alguien de la Guardia Civil se debería haber dado cuenta.